Un nuevo 3 de junio nos convoca, como desde hace años las calles gritan e interpelan a una sociedad machista y patriarcal, a una justicia sin perspectiva de género que en lo que va de este 2023 con datos relevados hasta el 30 de abril nos arroja la terrible cifra de 99 femicidios y 71 niños que perdieron a su madre.
El grito unificado exigiendo un Estado presente y mayor presupuesto para la protección de mujeres en situación de violencia parece no hacer eco en los funcionarios. Creen que es suficiente pintando un banco de rojo o realizando por única vez la capacitación de la Ley Micaela a todos sus trabajadores. Al conocer el entramado cotidiano de quienes ponen el cuerpo diariamente en la escucha y acompañamiento de mujeres que son y fueron violentadas, queda claro que son insuficientes las formas que hoy posee el estado para dar respuesta a estas situaciones por demás complejas.
La Dirección de Género del Municipio de Florencio Varela no escapa a esta descripción, hace pocos años acompañamos a compañeras trabajadoras de esa misma dirección que denunciaban violencia laboral por parte de sus superiores jerárquicos. ¿Nos encontramos hoy bajo esta misma paradoja?
Esta Dirección hoy se encuentra desbordada, con sólo tres profesionales para cubrir la demanda y el seguimiento de cientos de situaciones con distintos niveles de gravedad y urgencia.
Este Equipo que funciona en sede, antes era parte del HPI (Hogar de Protección Integral), dependiente del municipio y acompañaba mujeres y niñeces que por razones de extrema gravedad debían ser trasladadas a esta dependencia priorizando el cuidado de la vida de estas personas.
Un día viernes, y por pedido de la Directora, notifican a sus trabajadoras que el lunes siguiente debían presentarse en sede como su nuevo espacio sociolaboral, sin intermediar palabra. Quienes hacía años venían trabajando con una modalidad determinada, construyendo vínculos de confianza con esas mujeres y esos niños tuvieron que abandonar su lugar de trabajo sin siquiera dar una explicación o al menos despedirse por una decisión arbitraria de un funcionario. Esto es violencia institucional.
La excesiva demanda diaria no permite abordar desde la integralidad sino que es necesario priorizar las situaciones más urgentes, la intervención profesional es cuestionada, la forma de entrevistar interdisciplinariamente, no hay línea telefónica para realizar seguimientos o consultas, debiendo las trabajadoras usar sus propios celulares para poder comunicarse, los directores asignan arbitrariamente situaciones a resolver sin ningún criterio específico del área.
En este sentido, consideramos que es imposible construir políticas sociales con trabajadores sin derechos, violentados y amedrentados. Con funcionarios que ejercen despóticamente su poder. EXIGIMOS la incorporación de profesionales al trabajo del Equipo de género, que permita la reapertura de la sede de Bosques (que actualmente no funciona) y también desplegar acciones de prevención en los territorios y acompañamiento de situaciones.
Como Seccional nos mantenemos en estado de alerta y comunicación con las compañeras y a la espera que la Secretaria de Desarrollo Social, nos convoque a dialogar para expresarle nuestra preocupación.

CICOP
Seccional Fcio. Varela