El portal del canal Todo Noticias recreó los hechos con una completa crónica de aquel horror.

El doble crimen ocurrió en 1994 en Florencio Varela. La nena además había sido violada. El caso se reactivó siete años después a raíz de una inesperada revelación y el asesino -impensado- fue condenado a reclusión perpetua.
El 6 de septiembre de 1994 Virginia Aedo Riveros y Héctor Gabriel Peña, vecinos y compañeros de primer grado en un colegio del barrio Don José de Florencio Varela, volvieron antes de la escuela porque había faltado una maestra. Ese día, alrededor de las 16, fue la última vez que los vieron con vida. Horas después los encontraron asesinados adentro de una heladera y ese solo fue el inicio de una historia de terror.
Joel Aedo Riveros, el hombre que se creía era el abuelo de Virginia, fue quien encontró los cuerpos de las víctimas en el interior del desvencijado electrodoméstico que guardaban en el fondo de su propia casa. «Estaban los dos juntos, con la ropa toda destruida», decía visiblemente conmocionado en aquel momento a TN, y agregó: «La saqué a la nena y empecé a gritar».
Sin embargo, con los años y el avance de la investigación, se supo que ese hombre había sido el responsable de violar y estrangular a la menor, y de golpear y encerrar al amiguito de ella todavía vivo en la heladera, donde finalmente murió por asfixia. Además, una prueba de ADN demostró que Joel Aedo Riveros no era el abuelo de Virginia. Era su papá.
Recién por la noche, con el barrio ya convulsionado por la desaparición de los amigos, el hallazgo de los cuerpos transformó la angustia en espanto. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital más cercano, pero no hubo nada que los médicos pudieran hacer para cambiar su trágico destino. Los dos llegaron muertos.
Entonces empezaron las conjeturas y la versión de una travesura fatal se desparramaba de boca en boca como la hipótesis más probable. En ese sentido, suponían que los chicos se habían escondido en la heladera como parte de un juego, se les había cerrado la puerta en forma accidental y se habían asfixiado.
Sin embargo, el informe de los forenses descartó rápidamente una muerte por accidente. Virginia había sido violada y después asfixiada. Héctor no presentaba signos de abuso sexual, pero sí golpes y lesiones por ahorcamiento.
La mamá de Virginia vivía en una casa precaria con tres de sus hijos. Pero Virginia, hasta que la asesinaron, vivió con sus abuelos en otra vivienda de la misma cuadra. Todavía nadie lo sabía, pero el asesino nunca abandonó la escena del crimen. Incluso, no esquivaba las cámaras para hablar de su «nieta».
El primer sospechoso en la causa por los homicidios de Virginia y Héctor fue un cartonero paraguayo que vivía cerca de la casa de las víctimas y se llamaba Dionisio Brizuela. El hombre fue detenido y recuperó la libertad dos meses después.
No había pruebas que justificaran mantenerlo preso y el resultado de los estudios genéticos terminaron de sellar su suerte: el semen que habían encontrado en el cuerpo de la nena asesinada no era de él.
El abuelo Riveros fue citado por la Justicia dentro de una serie de testimoniales y declaró que al momento del crimen, poco después del mediodía, estaba buscando cartones en un supermercado de Varela como habitualmente lo hacía. Su testimonio fue rechazado por los empleados de ese comercio, quienes manifestaron que «el chileno» efectivamente pasaba por allí todos los días, pero lo hacía a última hora de la tarde y no a la siesta.
Siete años después
Era el año 2001 cuando la investigación por el doble crimen de Florencio Varela se reactivó y giró a la División Homicidios de la Bonaerense. Fue cuando se puso el foco sobre Aedo Riveros, a raíz de aquellas contradicciones en su declaración, entre otros elementos.
«Lo primero que surgió es que cada vez que había declarado, el hombre había mentido. Él siempre dijo que en el horario en que desaparecieron los nenes estaba recolectando cartones en unos supermercados de Varela, pero en esos comercios dijeron que él solo iba hacia el fin de la tarde. Y además, otros testigos declararon que ese día lo habían visto en la casa», indicó oportunamente una fuente cercana a la causa a Clarín.
Por su parte, el comisario Honorato afirmó: «Nadie que no fuera de la familia podía meter a los nenes en esa heladera. Ese patio estaba rodeado de una alambrada de tres metros de altura y, por lo tanto, solo se podía acceder ahí por el frente de la casa. A los nenes los mataron ahí».
Riveros, de nacionalidad chilena y más de 50 años, se convirtió en sospechoso. El juez Mario Caputo firmó la orden de captura en su contra y la policía lo fue a buscar a su casa, donde años antes habían encontrado asesinados a Virginia y a Héctor y donde el hombre seguía viviendo tranquilamente con su esposa como si nada hubiera pasado.
«No sé por qué insisten con acusarlo si es obvio que él no fue», dijo su mujer, María Virginia Salazar, a los medios que cubrían la noticia. Su marido, no obstante, no presentó resistencia cuando se lo llevaron detenido. Tampoco quiso declarar.
El juicio, la sorpresa y la condena
El juicio por el caso se llevó a cabo en 2003 en la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes. Después de escuchar los testimonios de los peritos y de por lo menos unos 20 testigos, los jueces Agustín Alvarez Sagarra, Eduardo Pedro Uslenghi y Carlos Rousseau dieron por probado que el día del hecho las víctimas volvieron juntos a la casa donde vivía la nena, sobre la calle Tordillo.
En ese lugar y a esa hora se encontraba solamente Aedo Riveros, quien violó a la nena y la ahorcó para que no lo denunciara. Al amiguito de ella, único testigo del crimen, lo mató después para que no pudiera identificarlo.
Pero además, los análisis de ADN habían arrojado otra sorpresiva revelación: Virginia no era su nieta, sino su hija. La madre de la menor asesinada era hija adoptiva del chileno y también había sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre de crianza.
La decisión de la Justicia fue contundente. Joel Aedo Rivero, con 62 años en ese momento, fue condenado a reclusión perpetua. Además, el tribunal de Quilmes dispuso que, si cumple en vida la pena, sea expulsado de la Argentina y deportado a Chile.