El vehículo de transporte de pasajeros impactó el viernes por la tarde contra la Glorieta Peronista, en San Martín y Alem. En medio de la maniobra, el busto de Juan Domingo Perón, emplazado en el lugar, se salvó por apenas unos centímetros.
La escena, difundida por El Diario Varelense, generó preocupación entre vecinos y reavivó el debate sobre la circulación de estos vehículos por las calles y avenidas de Florencio Varela.
La plazoleta es un espacio público frecuentado por personas que salen a caminar, pasear y realizar actividad física. Por eso, más allá de los daños materiales que generó el impacto, la principal preocupación pasa por el riesgo al que estuvieron expuestos quienes podrían haber estado en el lugar.
«Pudo haber sido una tragedia», fue una de las advertencias que acompañaron la difusión del episodio.
Por el momento, no trascendieron oficialmente las causas del incidente ni se informó si hubo personas heridas.
La circulación de las
combis, bajo la lupa
El hecho también volvió a poner sobre la mesa los reclamos de vecinos por la forma en que algunas combis que realizan el recorrido entre Florencio Varela y Plaza Constitución circulan por las avenidas San Martín y Eva Perón.
Según denuncias vecinales difundidas en redes sociales, algunos de estos vehículos transitarían a velocidad elevada, recorrerían el Metrobús de punta a punta y no respetarían los semáforos.
Los cuestionamientos apuntan, además, a la efectividad de los controles de tránsito y del sistema de fotomultas. Los vecinos se preguntan si estos vehículos reciben el mismo tratamiento que el resto de los conductores cuando cometen infracciones.
Se trata de denuncias que requieren controles y verificaciones oficiales, pero que plantean una cuestión concreta: ¿qué medidas se están tomando para prevenir nuevos episodios que pongan en peligro a peatones y conductores?
La pregunta central: ¿quién pagará los daños?
Sin embargo, hay otro aspecto que merece especial atención y que suele quedar relegado después de este tipo de incidentes: el costo de reparar los daños ocasionados a los bienes públicos.
Cuando un vehículo impacta contra una plazoleta, una glorieta, un monumento, una columna o cualquier otra infraestructura municipal, no se trata solamente de un accidente de tránsito. También puede producirse un perjuicio económico sobre un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.
Por eso, corresponde preguntar si el vehículo involucrado cuenta con seguro, si se realizó la correspondiente denuncia ante la compañía aseguradora, si se evaluaron los daños ocasionados y si se iniciaron las actuaciones para reclamar el dinero necesario para su reparación.
Si corresponde una cobertura de seguro, el Municipio debería informar si se efectuará el reclamo pertinente. Y si los daños deben ser afrontados por un particular o una empresa responsable, también sería importante conocer qué procedimiento se seguirá para recuperar los fondos públicos.
¿La reparación de la Glorieta Peronista saldrá del bolsillo de los contribuyentes o se reclamará el costo a quien corresponda?
La pregunta no es menor. En Florencio Varela se registran periódicamente incidentes que afectan bienes e instalaciones públicas. No alcanza con reparar lo que se rompe. También es necesario explicar cómo se financian esas reparaciones y qué medidas se adoptan para evitar que el perjuicio termine recayendo, una vez más, sobre los vecinos.
Transparencia y
responsabilidad sobre el patrimonio público
El episodio de San Martín y Alem debería servir para que las autoridades municipales informen qué daños se produjeron, cuál es el costo estimado de la reparación y si se iniciará un reclamo contra el responsable o su aseguradora.
También sería oportuno que el Municipio diera a conocer cuántos incidentes similares se registraron durante los últimos años, cuánto dinero se destinó a reparar los daños y qué montos logró recuperar a través de seguros o acuerdos con los responsables.
No se trata de politizar un accidente ni de anticipar responsabilidades que todavía deben establecerse. Se trata de exigir información sobre el cuidado del patrimonio público y el uso de los recursos municipales.