Un efectivo de la Policía Federal declaró que los acusados «no tenían riesgo de vida” y que “fue una persecución ilegal». Además, se confirmó que la única cámara que podría haber grabado el asesinato «estaba tapada».

Continúa el juicio por el asesinato de Lucas González, el futbolista varelense de Barracas Central , de 17 años, asesinado en noviembre del 2021 por tres efectivos de civil de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas.
En la última audiencia declararon dos efectivos de la Policía Federal que llevaron adelante las pericias de la investigación y complicaron la situación de los catorce policías imputados, acusados no sólo del asesinato, sino también del encubrimiento del crimen.
El comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Geuna indicó: «El 20 de noviembre del 2021 fui convocado por el hecho. Cuando nos llegó la causa, había que materializar tres detenciones del personal. Se llevaron adelante los allanamientos y las detenciones correspondientes. También se secuestraron sus teléfonos celulares. El 22 se materializó otra orden de allanamiento en la Comuna 4 en busca de las hojas de servicio sobre la actividad que desarrollaban las personas detenidas y todo el servicio policial».
Y agregó que ya conocía a tres de los efectivos imputados Rodolfo Ozán, Fabián Alberto Dusantos y Juan Horacio Romero: «Conocía a algunos de los imputados, pero a ellos los conocía en particular desde antes del hecho».
Al calificar el hecho como “aberrante”, Geuna detalló que “las circunsancias en las que murió la víctima fueron aberrantes y las conductas que llevaron a cabo los efectivos del móvil policial ese día dejan mucho que desear”.
Luego comenzó a detallar estas acciones, según sus propias pericias pudo probar que “las armas secuestradas de los policías se utilizaron en el hecho y que no tenían riesgo de vida para tener que utilizarlas”, lo que derrumba la defensa de los tres imputados, quienes sostuvieron en la primera jornada del juicio que se trató de un “enfrentamiento” y que actuaron en “defensa propia”.
En ese sentido, Geuna resaltó: “No hubo un enfrentamiento. No se ve (en los videos) que haya habido un enfrentamiento. De hecho, la única cámara que avistaba la aproximación del vehículo policial es difusa. Los hechos están a la vista. Se hizo toda la investigación necesaria para que saber la verdad de lo que ocurrió, pero reitero que no hubo un enfrentamiento armado”.
Por último, el efectivo porteño volvió a cuestionar el uso de arma de fuego por parte de los tres efectivos de civil imputados e insistió con que no corrieron en ningún momento riesgo de vida: «En mi expeciencia, si no hay riesgo de vida, no tengo por qué usar el arma. La situación en la que se desarrolló el acontecimiento no fue un enfrentamiento, fue la no detención de un vehículo particular».
Por su parte, Gustavo Maciel, jefe de la Brigada Operativa de la División Homicidios de la Policía Federal, también declaró y aclaró: “Lo que nosotros hicimos fue tomar intervención después de varios días del hecho. La investigación ya estaba realizada, no la llevamos nosotros; sí nos ocupamos de la recolección de pruebas”.
Y declaró: “En las cámaras se ve la persecución desde el inicio, hasta (el cruce) de Luna e Iriarte. Se ve el vehículo de los damnificados y el auto de los policías». «Justo la cámara donde ocurrió el episodio no funcionaba y estaba tapada. Osea que el momento del hecho no quedó grabado. En otra cámara ya se puede ver cómo corre uno de los damnificados», advirtió.
Maciel también cuestionó el accionar de la brigada de civil y denunció que los imputados incumplieron por completo el protocolo: «Hablé de persecución porque se ve (en las imágenes) que el auto sigue al otro muy pegado. No es normal. Precisando el tiempo que llevó, se nota que es una persecución. Cada brigada de civil depende de un jefe y trabajan en las causas asignadas por los comisarios. No se ven sirenas en los videos. Nuestros autos tienen baliza y sirena». Al ser consultado por el abogado Gregorio Dalbón sobre si una persecución puede hacerse sin sirena, Maciel dio un contundente no. “No se puede, dada la peligrosidad de las personas que están involucradas. Se tienen que identificar”, indicó.