(DIB) A pocos días de comenzar su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner buscó volver a instalarse en el centro de la escena política tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de X, donde denunció -luego de la visita de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza– lo que considera un régimen de visitas “arbitrario y violatorio de derechos civiles” impuesto por el Tribunal que ejecuta su condena de seis años por corrupción.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, comenzó lamentándose la exvice de Alberto Fernández.
Y agregó: “El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”.
La condenada en la causa Vialidad se preguntó: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”.
En el texto, piden que se revoquen las limitaciones para que Cristina pueda recibir visitas, ya que “quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional”.
Así, argumentan que “más allá de la pena privativa de la libertad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos. Cabe advertir que la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Por otra parte, consideran que “Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista. En efecto, sin que esta apreciación busque otorgarle privilegios personales a nuestra representada, lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”.
“Es más, ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, señalan los letrados.
