El presidente del Colegio de Abogados de la Provincia y del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, cuestionó duramente el nuevo régimen penal juvenil y consideró que existen argumentos para poner en duda su constitucionalidad.

En diálogo con el programa «Haro con Hache», el dirigente explicó que la reforma que reduce a 14 años la edad de imputabilidad fue sancionada a nivel nacional y comenzó a regir luego de cumplirse el plazo de 180 días establecido para su implementación.
Según explicó Rodríguez Basalo, se trata de una modificación del Código Penal, por lo que corresponde al Estado nacional y tiene aplicación en todo el país. Sin embargo, señaló que las provincias deben adecuar sus normas procesales y estructuras para responder al nuevo régimen.
En ese marco, destacó la decisión de la jueza Marta Pasqual, quien dispuso una suspensión de 60 días en la aplicación de la normativa, y sostuvo que la magistrada tiene facultades para ejercer el denominado control de constitucionalidad.
«Otros jueces tienen la facultad también de resolver en el mismo sentido o en sentido contrario», explicó Rodríguez Basalo, quien anticipó que el tema podría terminar siendo analizado por los tribunales superiores.

Una discusión que podría llegar a la Suprema Corte
Para el titular de los colegios de abogados, la resolución de Pasqual probablemente será recurrida y la discusión continuará en las instancias superiores.
En ese sentido, consideró que la Cámara de Casación y la Suprema Corte de Justicia tendrán un papel central en la definición de la constitucionalidad de la reforma, sin descartar que finalmente el planteo pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rodríguez Basalo también puso el foco en un aspecto que considera incluso más relevante que la falta de infraestructura: la posible contradicción entre la nueva legislación y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
«En el año 94 las convenciones internacionales tienen el mismo rango que la Constitución de la Nación», recordó.
Y señaló que, a su entender, la Convención sobre los Derechos del Niño plantea un escenario contrario a la reducción de la edad de imputabilidad.
Si bien reconoció que la Convención contempla los 14 años como edad mínima, sostuvo que también recomienda que aquellos países que poseen una edad superior no reduzcan ese límite.
«Me parece que están muy flojitas de papel, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista constitucional», afirmó.

Falta de infraestructura y mayor privación de la
libertad
Otro de los puntos cuestionados por Rodríguez Basalo fue la capacidad del Estado para implementar efectivamente el nuevo régimen.
Advirtió que la reforma implica la necesidad de contar con una estructura específica para alojar a los menores alcanzados por el sistema y recordó que los adolescentes no pueden permanecer alojados conjuntamente con personas mayores de edad.
Además, sostuvo que el nuevo esquema contempla un nivel de privación de la libertad superior al que existe actualmente para los menores.
«Todas esas cuestiones van a generar una estructura necesaria que no está», afirmó.
Para el dirigente, la discusión no puede limitarse a la cuestión punitiva y debería abordar las causas profundas de la delincuencia juvenil.
En una de las definiciones más contundentes de la entrevista, sostuvo que «garpa políticamente» hablar de aumentar la punibilidad, porque resulta más sencillo que abordar los problemas estructurales vinculados con la delincuencia juvenil.En ese sentido, calificó a la reforma como «una ley espantosa».

El rol de los defensores ante los primeros casos
Consultado sobre qué podría ocurrir si un fiscal decide aplicar el nuevo régimen en la Provincia de Buenos Aires, Rodríguez Basalo fue contundente: la defensa podría plantear la inconstitucionalidad de la norma.
Explicó que, mientras no exista una definición general de los tribunales superiores, distintos jueces podrían adoptar posiciones diferentes frente a casos concretos.
«Cada uno va a decidir aplicarla o no. Va a decidir en el caso y después los órganos superiores terminarán determinando la constitucionalidad o la no constitucionalidad y la aplicación de esta norma», explicó.
Según el titular del Colegio de Abogados, tanto los institutos de la entidad como distintos sectores de la defensa pública y abogados particulares coincidirían en plantear la discusión constitucional cuando un menor sea imputado bajo el nuevo régimen.

«Creo que en la provincia no se va a aplicar»
Rodríguez Basalo también se refirió a las perspectivas de implementación de la reforma en territorio bonaerense.
Ante la posibilidad de que la normativa finalmente sea declarada inconstitucional, consideró que existe un margen importante para que la Provincia no termine aplicándola.
Incluso, hacia el cierre de la entrevista, fue más allá y expresó su propia perspectiva sobre el futuro de la reforma: «Yo creo que no», respondió cuando fue consultado sobre si finalmente se aplicaría en la Provincia de Buenos Aires.

La discusión, mientras tanto, promete continuar en los tribunales.
En ese contexto, Rodríguez Basalo destacó que próximamente se realizaría en el Teatro Municipal de Quilmes una jornada dedicada a la reforma del procedimiento penal juvenil, organizada por el Colegio de Magistrados de Quilmes con el auspicio del Colegio de Abogados y otras instituciones.
El debate por la edad de imputabilidad, la infraestructura necesaria y la compatibilidad de la reforma con los tratados internacionales quedó así instalado como uno de los principales focos de discusión jurídica en la Provincia de Buenos Aires.