Tres hombres fueron procesados y encarcelados (aunque con prisión domiciliaria) por la Justicia por integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a los beneficiarios de «Barrios de Pie» y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, fueron procesados y excarcelados con prisión domiciliaria por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº6, María Alejandra Provítola, quien además dispuso el embargo sobre sus bienes y la prohibición de acercamiento a las víctimas. Se estima que los mencionados se habrían beneficiado con la suma de $3.000.000.
La investigación la inició la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº30, a cargo de Marcela Sánchez, en diciembre de 2019, cuando un oficial que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callao al 100 en la Ciudad de Buenos Aires, advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones utilizando diversas tarjetas bancarias. Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas les pertenecían.
Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021, la jueza procesó a los dos imputados como coautores del delito de «defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades».
Al mismo tiempo, la fiscal Sánchez logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa, por lo que requirió una serie de medidas, que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero, integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.
Para la Justicia, los tres imputados a través de la organización, habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas que percibían planes sociales -de los programas «Argentina Trabaja» y luego renombrado «Potenciar Trabajo» del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- y se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos $3.000.000.