Por Agencia La Barriada

En Florencio Varela abundan los depósitos de compra y venta de metales sin ningún tipo de control oficial. Esto los transforma en “reducidores de metales robados“, ya que, en muchos casos, son producto de robos y hurtos.

Este problema de las “metaleras” (sin ninguna habilitación municipal ni control policial) genera un circuito donde personas víctimas de adicciones terminan cometiendo hurtos o robos para comprar drogas o alcohol y conforma un circuito del delito que las autoridades conocen pero no controlan.

La Provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 13.564 que regula las denominadas “metaleras” y redirige la responsabilidad del control necesario de las mismas en la Intendencia Municipal y en la Comisaría de la jurisdicción donde la metalera esté ubicada.

La ley establece, con claridad, qué tipos de metales están incluidos como susceptibles de compra y venta. A saber: el cobre, el zinc o el plomo, junto a una larga lista compuesta por otros tipos de ejemplares metalíferos.

Al momento de ser promulgada esta legislación, se estableció que las metaleras tienen 10 días para registrarse de modo legal o la municipalidad correspondiente, y la comisaría de la jurisdicción, podrían proceder, sin más, a la clausura.

Quien pretenda hacer funcionar una “metalera” debería primero realizar la habilitación del galpón ante el municipio y, una vez logrado ese trámite, la comisaría específica foliaría todas las hojas de un cuaderno para registrar todas las compras y ventas que realicen.

En dicho cuaderno deben constar los datos personales, domicilio, material, cantidad y procedencia de cada compra o el lugar podría, insistimos, ser cerrado/ clausurado.

Está ley, que a simple vista reúne las condiciones necesarias para ejercer los controles en la práctica, se transforma (en la mayoría de los casos) en una ficción porque las metaleras varelenses funcionan, llamativamente, sin ningún control.

Así, la compra y venta de metales es un negocio millonario que alimenta los circuitos de los reducidores que roban o hurtan metales diversos ante la ineficiencia (o complicidad) de autoridades municipales y/ o policiales.

Esa actividad para muchos es una caja de recaudación ilegal que nutre a la política y a la policía pero que (como lo demuestran las estadísticas judiciales) terminan con personas detenidas y, en muchas situaciones, muertos por el robo de cables de las empresas de energía.

La Ley nombrada está vigente, solo deben aplicarla porque la venta de drogas y las metaleras sin control alguno originan un sistema que alimenta la ilegalidad, y la violencia, para que un puñado de personajes oscuros se enriquezcan.