Documento de la Red de Jueces Penales Bonaerenses

1. La Provincia de Buenos Aires asumió la persecución del narcomenudeo con la promulgación de la ley 13.392, en diciembre de 2005 a fin de lograr -según se explicaba en la expresión de motivos- el despliegue de «una lucha eficaz» contra el narcotráfico. Diecisiete años después, lo único evidente es su fracaso. Desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses venimos denunciando, hace tiempo, algunos de los defectos de la ley. Entre ellos, el hecho de que la provincia haya asumido la persecución de delitos que antes correspondían a la jurisdicción federal sin recibir los aportes presupuestarios que se habían comprometido; el creciente número de las personas detenidas por este tipo de delitos (a diciembre de 2021 eran 7.584 personas detenidas en la provincia, correspondientes a un 12,9% del total en un contexto de superpoblación y hacinamiento); el aumento del litigio en juzgados desbordados y con cientos de cargos de jueces vacantes; las dificultades de sostener investigaciones independientes (federales y provinciales) de un delito que se expande en redes interconectadas.

2. Y más allá de las dificultades mencionadas que de por sí obligan a un replanteo profundo de las decisiones adoptadas, la absorción de este tipo de delitos ha permitido advertir en los últimos años el colapso de una política que lejos está de ser racional, eficiente, respetuosa de los derechos y comprometida con una mirada abarcativa de la realidad socioeconómica de la provincia. Es así que el aumento de la narcocriminalidad ha traído consigo un parejo crecimiento de hechos de una violencia inusitada: sicarios que acribillan a balazos a sus competidores, ajustes de cuentas, tiroteos en la calle, intimidación de testigos y luchas por la apropiación de zonas de distribución, entre otras. El proceso evidencia así que la vida en la provincia se devalúa en la medida que se expanden bandas y grupos criminales dedicados al narcotráfico. Ello adquiere ribetes aún más graves en los barrios populares, donde están representados los mayores índices de desocupación y pobreza y, en los cuales, se registran
degradantes prácticas de cooptación a los habitantes mediante dinero o violencia.

3. Los trabajos en el territorio, las investigaciones de campo (incluso una simple búsqueda de noticias por internet), permiten verificar, además, que la comercialización de estupefacientes, como casi ningún otro delito, se filtra y afecta a las instancias del propio Estado que de ese modo no solo deja de neutralizar el crimen, sino que se vuelve agente activo en su comisión. La corrupción y la desidia y, otras veces, la incapacidad, o -incluso- la desazón dejan a la comunidad inerme ante un panorama cada día más sombrío. En ese universo, los expedientes judiciales reflejan desde pesquisas impecables a sumarios de una precariedad pasmosa, desde investigaciones con pruebas contundentes a legajos poco confiables. Todo ello se ve complejizado, a su vez, por la reiterativa e ineficaz perorata de mano dura que bajo la bandera de la guerra contra las drogas no discrimina entre víctimas y victimarios; entre tipos de sustancia o cantidad de droga y, mucho menos permite diferenciar políticas de salud pública, de seguridad urbana y de persecución penal.

4. Es función primordial de los jueces y juezas, la defensa de los derechos, la preservación de las garantías, la exigencia de que las investigaciones y la persecución penal no se aparten del modelo constitucional de un estado de derecho. Pero ello no impide que alertemos sobre la erosión de las condiciones de convivencia a partir de la retracción del Estado en los lugares donde más se lo necesita, la desprotección contra el crimen y la frustración de las políticas de persecución fragmentarias y faltas
de coordinación llevadas hasta ahora. Esta realidad, cada vez más hostil, hace difícil no pensar en el riesgo que corremos los bonaerenses de quedar sometidos a un espiral de violencia ascendente
que nadie merece y que, sin embargo, ya parece vislumbrarse en diferentes lugares de la provincia. Todos los poderes públicos deberían tomar debida nota de esta situación aflictiva y comprometer sus mejores esfuerzos institucionales para revertir el panorama descripto, a través de políticas integrales y racionales.
Juan Sebastián Galarreta
Presidente
Julio Andrés Grassi
Secretario