La Ordenanza de Ruidos Molestos N° 8.571/14, promulgada por el Decreto 3659/2014, fue sancionada en la 16º Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela el 20 de Noviembre de 2014. Un misterio que acumula 12 años. ¿Por qué nunca se avanzó en frenar los ruidos molestos en todos los rubros mecánicos cuando las herramientas reglamentarias están? Varela no tiene decibelímetros para medir la actividad sonora. Mientras tanto crecen las fotomultas.
La creciente cantidad de motos ruidosas en las calles de Florencio Varela genera un gran malestar entre los vecinos, quienes exigen una solución efectiva para poner fin a la contaminación acústica que afecta su calidad de vida.
Según la Ordenanza 8571/2014, las motos no pueden superar los 76 decibeles de ruido, pero muchos conductores hacen caso omiso a esta norma y circulan por las calles con escapes libres y motores modificados, generando un ruido ensordecedor que se escucha a cuadras de distancia.
La Municipalidad de Florencio Varela nunca anunció operativos de control y sanción a los motociclistas que no cumplan con la normativa, pues carece de las herramientas (decibelímetros) para medir el sonido de los escapes.
EL INTI
El argumento utilizados por los funcionarios ante la consulta de porqué carecen de decibelímetros es que el gobierno de Javier Milei sacó del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) el poder de homologar los aparatos. Raro argumento porque los equipos de fotomultas son homologados por el INTI. Es decir que en 12 años no se homologaron decibelímetros para frenar los ruidos molestos de las motos, pero si se homologaron los radares de fotomultas. Hay hijos y entenados en Varela.
Con todo, a fines de diciembre de 2025 el INTI dejó de cumplir la función de certificar el funcionamiento de los equipos.
Con la Resolución 213/2025, el Estado se retiró de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la «desburocratización», Milei profundizó un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.
El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año 2025, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.
No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.
El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI comenzó a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.
Pero esto no es justificación pues las Ordenanza 8571/2014 tiene 12 años de existencia y nunca se la aplicó en este rubro. ¿Es un costo político poner en caja a la motos con escapes libre? Dicen quienes están a cargo de los operativo que la mayoría de esas motos son robadas. “Secuestramos 15 en un operativo y el otro días roban 20”, indico un funcionario policial. Cosas raras que suceden en éste problemático Florencio Varela.
En abril próximo se cumplirán 4 años de la sanción de la Ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en todo el partido de Florencio Varela. Era una norma progresiva para sacar a los carros de las calles y en especial terminar con el maltrato animal. Sin embargo nunca se reglamentó para poder sancionar. Los carros tirados a caballo circular sin problemas en todos los barrios. Lo mismo sucedió con la normativa de perros peligrosos. Se sancionó a fines de 2023 y aún está sin reglamentar.
