El fiscal pidió investigar «a los funcionarios que no advirtieron teniendo todos los elementos para hacerlo» sobre el escándalo de irregularidades en el plan social que detectó un informe de AFIP.
(NA) Luego de presentar una denuncia por defraudación contra la administración pública, el fiscal federal Guillermo Marijuan afirmó que «es corrupción» y dijo que «hay que suspenderlos» a los miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban cerca de 27 mil pesos mensuales del plan a través de familiares fallecidos, para comprar dólares o que cuentan con dos o más propiedades a su nombre.
«Algo hay que hacer algo de forma inmediata porque esta inconsistencia le cuesta al Estado 7.300.000 de pesos por mes. Esto es lo que se denomina una defraudación a la administración pública, pero también debería analizarse la situación de los funcionarios que no lo advirtieron teniendo todos los elementos para hacerlo», remarcó.
De acuerdo a Marijuan, «el número es importantísimo» porque casi una cuarta parte de los beneficiarios no estaría en regla. «Es corrupción y es mucho dolor porque hay personas están en la pobreza absoluta y que lo necesitan y ven que (se lo quedan) otras personas que tiene muchísimos bienes, una actividad económica o ingresos», criticó.
El informe de la AFIP y el Potenciar Trabajo en números
Las irregularidades, según el diario Infobae, salieron a la luz tras un informe que la AFIP llevó a cabo por pedido del ahora exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El resultado arrojó que «253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses».
En el informe, por otro lado, se constató que «2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial» a través de familiares o terceras personas. El caso obligó a iniciar una investigación interna y la sucesora de Zabaleta en la cartera de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien tuvo que salir a aclarar su posición al respecto.
«Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente», dijo la titular actual de la cartera, cuya mitad del presupuesto (416.260 millones de pesos) es destinado a este programa social que trepa a los más de 1.383.000 beneficiarios en todo el país.
Quienes acceden al Potenciar Trabajo en su mayoría lo hacen a través de movimientos sociales. Principalmente, involucra a organizaciones oficialistas, aunque también mediante las no alineadas con el gobierno. Se trata de un programa que depende de la Secretaría de Economía Social de Desarrollo Social, conducida por Emilio Pérsico, líder el Movimiento Evita y hombre cercano al presidente Alberto Fernández.
«Si los compañeros compraron dólares, si fue dólar ahorro, los vamos a dar de baja, pero no es obligatorio dar de baja. Hubo un error que no cruzaron los datos de Potenciar Trabajo y alguien cometió el error de que le vendieron dólares», expresó Pérsico en declaraciones radiales. «Lo que tiene que hacer el banco es solicitar a la AFIP el cruce y no te tiene que vender los dólares», agregó.
«Desde el año 2001 yo estoy cargo de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social, además de mi trabajo como fiscal federal, y desde aquel momento advertimos la necesidad de hacer un control y u entrecruzamiento de datos porque se presentan una serie de irregularidades y hubo infinidades de planes», dijo Marijuan.
Reacciones de
la oposición
El caso también generó una catarata de reacciones por parte de la oposición. Los diputados de la Coalición Cívica (CC), el espacio político liderado por Elisa «Lilita» Carrió, presentaron un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social y pidieron investigar las implicancias que tuve el dirigente social Emilio Pérsico.
«Suponemos que los que incorporaron beneficiarios con incompatibilidades son los dirigentes y funcionarios que otorgan y reciben estos planes. Es decir, los que están de los dos lados del mostrador», destacaron por medio de un comunicado.
«Las organizaciones sociales se tienen que autointerpelar porque te meten 5.000 personas en la 9 De Julio, pero para conseguir beneficios y montar un Estado paralelo», sumó por su parte Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, durante un acto en Misiones.
Emilio Monzó fue otro de los dirigentes de Juntos por el Cambio que se hizo eco de la noticia y consideró: «Hace falta terminar con las avivadas y que la ayuda llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. El Potenciar Trabajo tiene que ser una herramienta para crear empleo genuino. En junio presenté un proyecto de ley en ese sentido».
«En otros países y acá también se hizo devolver dinero»
En diálogo con Cristina Pérez por radio Rivadavia AM 630, el fiscal Marijuan añadió que «las fiscalías federales no controlan los planes, los funcionarios son los que deben depurar el padrón» y lo comparó «con el caso de las jubilaciones falsas de La Rioja, donde cientos y cientos de personas que se jubilaron como empleados del banco provincial y no lo eran».
Las adjudicaciones de los programas sociales también fueron un punto central de Sergio Massa. Tras asumir la titularidad del Palacio de Hacienda a principios de agosto del 2022, el fundador del Frente Renovador había ordenado una serie de auditorías sobre las asistencias sociales como parte de su programa económico y ordenamiento fiscal del Estado.
Según los datos publicados por la AFIP, sobresalen «52 mil 987 personas que reciben planes que son propietarias de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave». A modo de cierre, Marijuán sentenció: «En otros países y en este también lo que se ha hecho fue devolver el dinero y destinar el recurso a asistir a gente que lo necesita y no lo cobra».
