En Florencio Varela, la comunicación pública parece avanzar hacia una concentración cada vez mayor. A los anuncios sobre actividades sociales, políticas y educativas se suma ahora una situación que merece atención: el creciente protagonismo del Municipio en la circulación de información vinculada con hechos policiales.
La pregunta es inevitable: ¿qué lugar les queda a los medios periodísticos locales cuando la información que debería llegar por los canales institucionales de las fuerzas de seguridad termina dependiendo de filtros, selecciones o intermediaciones políticas?
Los hechos de inseguridad forman parte de las principales preocupaciones de los vecinos. Robos, allanamientos, detenciones, investigaciones y procedimientos policiales son noticias de interés público que deben poder ser conocidas por la comunidad a través de medios independientes, con responsabilidad profesional y respeto por las fuentes.
Tradicionalmente, los periodistas locales han procurado acceder a información mediante las comisarías, las jefaturas departamentales, las direcciones de investigaciones y otras fuentes oficiales. Ese vínculo resulta fundamental para contrastar datos, verificar procedimientos y construir una cobertura periodística seria.
Sin embargo, cuando la circulación de información queda condicionada por intermediarios que seleccionan qué comunicar, cuándo hacerlo y a quiénes facilitar los datos, surge un problema que excede una simple cuestión de relaciones institucionales: está en juego el pluralismo informativo.
La comunicación de un gobierno municipal tiene una función legítima y necesaria: informar sobre sus políticas, sus obras, sus servicios y sus actos de gobierno. Pero esa responsabilidad no debe confundirse con la administración de la agenda policial.
La reciente asunción de Raúl Coucerio al frente de la Jefatura Departamental de Florencio Varela volvió a poner sobre la mesa el vínculo entre las autoridades policiales y la prensa local.
Según lo señalado por este medio, el nuevo jefe mantuvo contactos con algunos medios de comunicación, mientras que otros, entre ellos El Diario Varelense, no ha recibido el mismo acercamiento.
Ninguna autoridad está obligada a conceder entrevistas a todos los periodistas ni a mantener relaciones personales con cada medio. Sin embargo, cuando se trata de información oficial de interés público, la transparencia, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades deben orientar las prácticas de comunicación institucional.
Los medios con trayectoria profesional tienen derecho a desarrollar su tarea sin depender de afinidades personales, políticas o institucionales. Y los vecinos tienen derecho a recibir información plural, contrastada y proveniente de distintas fuentes.
La seguridad pública necesita información seria, no propaganda. La gestión municipal debe rendir cuentas sobre sus propios actos, no convertirse en árbitro de la circulación de noticias. Y las autoridades policiales deben comprender que su relación con la prensa no puede reducirse a contactos selectivos cuando están en juego asuntos de interés colectivo.
Porque cuando la información se filtra según conveniencias, el periodismo pierde autonomía y la sociedad pierde una parte esencial de su derecho a saber.