(DIB) Luego de la masiva movilización del 23 de abril, la comunidad educativa vuelve este miércoles a las calles con el apoyo de sectores políticos, gremiales y de movimientos sociales para reclamar al Congreso que intervenga para dejar firme una ley que asegura que el presupuesto de las Universidades Nacionales -y el salario de los docentes- no pierda este año contra la inflación, en medio de duros cuestionamientos del Gobierno y de la confirmación de que el presidente Javier Milei vetará la iniciativa.
La marcha, convocada bajo el lema «La Universidad no es el problema, es parte de la solución», tendrá su epicentro en la Plaza del Congreso Nacional, a las 17, pero se prevé que hayan manifestaciones en diversas ciudades del país, como ocurrió en la primera manifestación.
La nueva movilización fue convocada por los rectores de las universidades públicas, unidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue una decisión conjunta, tras una reunión de la que también participaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. Después, se sumaron apoyos de sectores políticos -hoy convocó la Expresidenta Cristina Fernández-, de la CGT y las CTA y de los movimientos sociales y de jubilados.
La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría «un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI».
Pero el presidente Milei anunció que la vetará, con lo que esos incrementos quedarían sin efecto. Hoy el vocero Manuel Adorni confirmó que esa decisión se materializará, posiblemente mañana por la tarde o noche, luego de la manifestación y antes de que venza el plazo legal para hacerlo, el jueves.
La marcha es al Congreso porque van a pedir que los legisladores mantengan la ley pese al veto, para lo que se necesitan dos tercios de los votos. Según los sondeos previos, al Gobierno se le dificultaría conseguir el tercio de votos necesario para mantener firme la decisión del Presidente.
En la previa de la manifestación, el gobierno ofreció un incremento salarial del 6,8% a los docentes y no docentes que fue rechazado por los gremios, que hablan de una pérdida salarial aproximada del 30% promedio en lo que va de la gestión libertaria. Eso, además de los recortes a los fondos para investigación y para el funcionamiento general de las casas de Altos Estudios.
El gobierno en las últimas horas lanzó varios cuestionamientos. «El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse», detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa de este martes. El funcionario nacional, además, detalló que el ministerio de Capital Humano «hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes».
Carlos Torrendel, el secretario de Educación, acusó a las universidades de falsear en número de alumnos que tienen para recibir más presupuesto (una variable está atada a la otra), lo que fue rechazado por varios rectores. También desde el Gobierno apuntaron contra la gratuidad de las universidades para las casas de altos estudios.