La justicia penal de Florencio Varela intenta disimular la mala atención de las mujeres víctimas de violencia de género pero el maquillaje no alcanza. La investigación de las causas de violencia contra la mujer, en el distrito se encuentran divididas entre la Fiscalía N° 8 y la 10. Ambas se encuentran sin fiscal titular por diferentes motivos, la primera desde hace más de cuatro años. Actualmente, firman fiscales de otras fiscalías en esas unidades de investigación que son especiales, temáticas en delitos sexuales y violencia de género. Que no tengan dirección desde hace años es motivo suficiente para que las investigaciones no tengan control, carecen de líneas claras de investigación, ya que el personal no tiene control y van cambiando las formas de trabajar con el «librito» de cada fiscal que firma «subrogando». Consecuencia de ello, es el alto número de causas prescriptas por el paso del tiempo, víctimas que jamás fueron llamadas por quien debe investigar a los autores de la violencia física, sexual o psicológica y terminan en el descreimiento de la justicia.
Basta con recordar dos de los casos más conocidos a nivel nacional de abuso sexual grupal: el de Paula Martínez, quien vivía encerrada en su casa, amenazada, esperando el juicio y que capturen a un prófugo, que estuvo todo ese tiempo en la casa de la tía, a unas cuadras de la fiscalía. Paula murió, se suicidó sin recibir justicia.
Otro de los casos es el de Victoria Mateluna, abandonada por la justicia y el Estado, en su casa de Florencio Varela encerrada con sus niños, amenazada y con temor a los hombres que liberó la justicia por fallas en la instrucción. Hoy espera una restricción de la justicia local, que no llega, pese a denunciar que la hostigan y que no puede salir de la casa.
En esas condiciones «trabajan» las fiscalías para «atender» casos de violencia contra las mujeres, pero hace unos meses, la Suprema Corte publicó una resolución (4099/23) por la que obliga a los jueces de garantías a intervenir en los casos de violencia de género sin esperar al pedido de las fiscalías (ya contamos cómo trabajan).
Luego de intentar que no se ponga en vigencia esa resolución de la Suprema Corte, los jueces tuvieron que aceptarla y hoy trabajan más horas e intervienen desde el minuto uno en las causas de violencia de género.
Desde las comisarías les avisan de las denuncias que se reciben por esa temática y en menos de 48 horas deben dictar medidas, todas esas medidas buscan que la justicia responda a la emergencia de la violencia de género, pero hecha la ley hecha la trampa.
Dos de los tres jueces de garantías cubren otros juzgados en Berazategui y Quilmes (la Suprema Corte no cubre las vacantes que se fueron produciendo), por lo que no pueden dedicar todas las horas a los juzgados de Florencio Varela y por ese motivo se los ve poco en sus despachos.
Sumado a ello, pese a que la resolución de la Corte los obliga a aplicar la perspectiva de género, se ha detectado que no respetan la Ley 26485 que los obliga a tener entrevistas personales con las mujeres e imputados ¿no tienen tiempo o no quieren trabajar como obliga la ley en materia de violencia de género?
Otra «práctica» de los juzgados de garantías, es que han «empapelado» a la comisaría de la mujer de medidas y notificaciones y ante la falta de personal y recursos, en muchas causas no se llegan a cumplir las restricciones y las exclusiones de hogar y ante tantos casos, muchos quedan sin notificar y no se hacen efectivas las medidas, por lo que el hombre puede seguir violentando a la mujer, ya que no está notificado y formalmente no comete el delito de desobediencia.
Otra cuestión no menos importante, es que se dictan las medidas sin plazo, no se tienen entrevistas con las partes, por lo que la mujer después de la denuncia queda sola y no sabe cómo resolver la situación, en muchos casos volviendo con el violento, por una cuestión económica o por el reclamo de sus niñeces.
Para finalizar, en el mejor de los casos, que se dicte una restricción, que se entrevisten al hombre y mujer personalmente por el Juez de Garantías y hasta que se derive a las partes a un Centro de Salud, por ejemplo, desde la fiscalía de género N° 10, sistemáticamente archivan la mayoría de esas causas y todo el trabajo de la comisaría y del juzgado en turno queda sin efecto, ya que no hay causa penal activa.
Conclusión, la Suprema Corte sacó una resolución para atender la emergencia en violencia de género y los operadores judiciales de la justicia penal de Florencio Varela han maquillado su intervención, trabajando a reglamento, buscando intervenir en lo más mínimo, sin atender personalmente a las víctimas y enviando todas las resoluciones a una sola comisaría, lo que produce un colapso que termina con medidas sin resolver y con la desprotección de las mujeres. El día que maten a una mujer que debía ser protegida por la justicia, dirán que: «la culpa es del otro».
Fuente: https://agencialabarriada.org/la-realidad-que-sufren-las-mujeres-en-la-justicia-penal-de-florencio-varela