El Gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta el dilema de validar o anular miles de infracciones, tras una serie de allanamientos a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en el marco del escándalo de las fotomultas que atravesó la gestión de Axel Kicillof a fines de 2024.
Es que, la reciente serie de allanamientos a la empresa CECAITRA, principal operadora de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, desató una crisis en torno a la validez de las infracciones emitidas por sus dispositivos, puesto que la investigación judicial sugiere que las cámaras utilizadas podrían carecer de la debida autorización, poniendo en duda la legalidad de las multas registradas.
Es preciso mencionar que, esta situación ya posee un antecedente, el fallo del Juzgado de Faltas de La Plata en la causa de Cañuelas, donde se anularon otras miles de multas debido a irregularidades en la señalización y notificaciones defectuosas. En aquel caso, la Justicia determinó que las infracciones eran inválidas, estableciendo un precedente para situaciones similares.
En ese marco, ante esta incertidumbre, numerosos conductores decidieron no abonar las fotomultas hasta que se esclarezca su validez. Incluso, expertos en derecho vial aconsejan a los usuarios esperar nuevas indicaciones oficiales antes de efectuar cualquier pago, para evitar posibles perjuicios económicos derivados de sanciones que podrían ser declaradas nulas.
En ese escenario, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, enfrenta el desafío inmediato de revisar y, en su caso, anular las multas cuestionadas, además de implementar medidas que garanticen la legalidad y transparencia en el sistema de fotomultas.
Lo que sucede es que, la confianza pública en los mecanismos de control vial está en juego, tras el escándalo de las fotomultas, que tiene al ex ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, en el ojo de la tormenta. Por lo que es esencial que las autoridades actúen con rapidez y claridad para resolver esta crisis que afecta a miles de ciudadanos bonaerenses.
Vale recordar que, el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio fue imputado a principios de año por presunto lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito y la sanción de infracciones.
En efecto, la investigación contra D´Onofrio reveló que los dispositivos de fotomultas fueron instalados sin cumplir con los requisitos legales exigidos por el Ejecutivo bonaerense, lo que generó la emisión de infracciones de tránsito sin validez jurídica.
El mecanismo ilegal consistía en el cobro de multas a través de un circuito en el que participaban gestores, jueces de faltas provinciales y autoridades del Ministerio de Transporte. A cambio, los implicados recibían sobornos que oscilaban entre el 25% y el 50% del valor de las multas emitidas.
Según la investigación que se lleva adelante en La Plata, los fondos recaudados con las falsas fotomultas eran distribuidos entre funcionarios del Ministerio de Transporte y directivos de CECAITRA, consolidando así un esquema de corrupción institucionalizada que concluyó con la renuncia del ex massista.
Es preciso mencionar que, entre los funcionarios judiciales involucrados figuran Mario Quattrochi, ex titular de los Juzgados Provinciales de La Plata y San Isidro, Alicia Parente, jueza del Juzgado Provincial de Chivilcoy, Marcelo Peralta, juez del Juzgado Provincial de Mar del Plata, y Miriam Roldán, jueza del Juzgado Provincial de Merlo.
De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía de La Plata, estos magistrados habrían garantizado la validez de las fotomultas ilegales y facilitado la recaudación de los fondos generados por la trama fraudulenta que tenía a D’Onofrio al frente.
Por su parte, las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense manifestaron su compromiso con la transparencia dentro de la causa y la cartera, y aseguraron que se implementarán nuevos controles para evitar la repetición de prácticas corruptas.
En tanto, la Fiscalía de La Plata continuará con la recolección de pruebas y no descarta nuevas detenciones en las próximas semanas. Por ahora, la causa sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la implicación de funcionarios y empresarios en la red de corrupción de las fotomultas.
A partir de las pruebas obtenidas, la carátula de la causa fotomultas podría agravarse a asociación ilícita, lo que implicaría penas de hasta 20 años de prisión en caso de que se compruebe la implicación de funcionarios públicos. Fuente: www.diputadosbsas.com.ar