La reconocida actriz Julieta Díaz publicó en su cuenta de Instagram una carta con la cual denuncia la crueldad del gobierno nacional para con los discapacitados.
En este momento hay dos casos muy importantes sobre discapacidad en la justicia federal. Uno avanza con firmeza: la investigación por corrupción en ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi tiene a dos empresarios detenidos (uno se negó a declarar desde Mendoza, del otro encontraron 700.000 dólares en efectivo en la casa de su hija), 15 imputados incluyendo al ex director de ANDIS Diego Spagnuolo, audios comprometedores hablando de “meter gente para chorear”, y una acusación por 48.000 millones de pesos desviados mediante coimas y sobornos. El otro caso somos nosotros: familias con niños con discapacidad que hicimos un amparo colectivo porque el Presidente sacó un decreto suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado rechazando su veto. Más de 20 organizaciones se sumaron. El juez federal de Campana nos dio lugar y rechazó todas las excepciones del gobierno.
Ahora el Procurador del Tesoro de la Nación —el jefe de los abogados del Estado y del presidente Javier Milei— acaba de presentar una recusación contra ese juez, alegando que “prejuzgó” porque dijo que el decreto suspendió la ley (cuando el decreto literalmente dice eso). El juez contestó punto por punto demostrando que todos los argumentos son falsos: lo que hizo fue aplicar correctamente la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos. Propuso que se rechace la recusación. Pero igual se tuvo que apartar y ahora la Cámara debe designar un nuevo juez. Esto demora todo. Que es exactamente lo que busca el gobierno.
La pregunta es obvia: ¿Por qué el gobierno pone tanto empeño en frenar nuestro amparo legítimo mientras la justicia acumula pruebas de corrupción millonaria en ANDIS? Mientras un juez y un fiscal federales investigan cómo desviaron miles de millones de pesos de fondos destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y evidencia contundente—, el mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó..
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