El accionar de Ramos Padilla como simpatizante del kirchnerismo afecta su condición de magistrado de la Nación y con ello a la Justicia misma como institución, a tal punto que impacta directamente sobre su credibilidad e imparcialidad pasada, presente y futura.

(Por por Patricia Vásquez N.A)
El 12 de agosto pasado presenté una denuncia contra el juez Juan María Ramos Padilla, miembro del Tribunal Oral N° 29 de la Justicia Penal Ordinaria de la Capital Federal, en los términos de lo dispuesto por el art. 53 de la Constitución nacional, por mal desempeño, y de acuerdo con lo previsto por la ley 26.080/2006, artículo 14 A) incisos 1), 2) y 4); y art. 17 incs. 1) y 5).
En virtud de la tramitación de la causa Vialidad, en la cual se encuentra procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros, y la repercusión pública de los alegatos que expone el Ministerio Público Fiscal como parte acusadora, se han generado diversas manifestaciones de militantes y políticos de agrupaciones kirchneristas en su defensa, con ataques agraviantes hacia la institución de la Justicia como hacia las personas de jueces y fiscales intervinientes, incluso contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma reiterada y cada vez más violenta.
Estos hechos realizados por individuos, por cierto de suma gravedad, resultan intolerables cuando provienen de un magistrado de la Nación. Sus dichos, como su divulgación pública mediante notas periodísticas y redes sociales, expresan un fanatismo militante con un inaceptable resentimiento hacia la institución que él mismo representa.
Con fervor y lenguaje propio de un político en campaña, el magistrado Ramos Padilla encabezó orgulloso la convocatoria para la marcha del sábado 13 de agosto pasado en el Parque Centenario mediante su cuenta de Twitter (@jramospadilla) con manifestaciones agraviantes, amenazantes y violentas hacia la Justicia, los jueces y fiscales relacionados con la causa referida utilizando el #SeVieneElCristinazo.
En igual sentido se sirvió de varias entrevistas de prensa para profundizar la misma militancia. La conducta del juez resulta no sólo impropia de su calidad de juez de la Nación, sino lisa y llanamente inaceptable, y constituye a todas luces un expreso desprecio por el cargo que ostenta.
Su fanática defensa respecto de la vicepresidenta desprestigia el rol que le corresponde en su calidad de magistrado. El manejo político de causas que deben tramitar en el ámbito del proceso judicial descompone la confianza social tan afectada y con ella, la República y las instituciones.
Es evidente que Ramos Padilla tiene la intención premeditada de provocar una reacción política con sesgo de pertenencia a una ideología y una clara presión sobre jueces y fiscales de la causa. No siendo suficiente la convocatoria a la marcha, como orador principal se manifestó en defensa de quien está siendo juzgada y se encuentra procesada por el delito de asociación ilícita en perjuicio del Estado.
Más allá de los resultados de la causa mencionada, el accionar de Ramos Padilla es inmoral y afecta su condición de juez de la Nación y con ello a la Justicia misma como institución, a punto tal que impacta directamente sobre su credibilidad e imparcialidad pasada, presente y futura con relación a toda la sociedad.
Es sabido, el juez sólo habla por sus sentencias, justamente porque su única función es aplicar el derecho al caso particular, siempre que sea de su competencia. Militar su ideología públicamente, agredir a sus colegas y cuestionar el proceso de una causa que le es ajena lo convierte expresamente en un actor político que debe ser removido por carecer de las condiciones esenciales para ejercer la magistratura.
Seguramente, una vez removido de su cargo podrá armar un partido político y postularse a algún cargo electivo para lo cual parece estar mejor preparado. La sociedad necesita y reclama una Justicia confiable, ejercida por jueces que dediquen su tiempo a la capacitación y al estudio de los conflictos sometidos a su decisión con profesionalismo y la más absoluta imparcialidad. Sus ideas, creencias o simpatías políticas, religiosas o de cualquier naturaleza son respetables, pero jamás deben salir del ámbito de su privacidad.
La militancia política de un juez no sólo está prohibida por la ley, lo descalifica absolutamente para ejercer su función. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar la subversión de valores, roles e instituciones?
La Justicia no es buena o mala según convenga a sus intereses, sólo es confiable cuando busca y encuentra la verdad. Los jueces militantes deben renunciar o ser destituidos para purificar la Justicia y revalorizar su institución. Por eso, ¡doctor Ramos Padilla renuncie! Y después salga a afiliar seguidores partidarios, seguramente tendrá éxito como político.