(NA) La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para abordar un tema que ha generado un amplio consenso social: el endurecimiento de las penas para quienes provoquen muertes o lesiones graves al volante por maniobras irresponsables. Este miércoles, la comisión de Legislación Penal analizará el proyecto que ya fue aprobado por unanimidad en el Senado y que busca modificar el Código Penal en relación con los delitos viales. La iniciativa será discutida a partir de las 11.30, en un encuentro donde participarán referentes de la sociedad civil cuya voz se ha vuelto central en la lucha por una legislación más estricta.
Entre las expositoras invitadas al debate figuran Vivian Perrone, presidenta de Madres del Dolor, y Silvia González, titular de la Fundación Estrellas Amarillas. Ambas organizaciones han sido protagonistas en la visibilización del drama que atraviesan las familias afectadas por siniestros viales, así como en la promoción de campañas de concientización y reformas legales. La sesión, presidida por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, prevé la presentación de los fundamentos del proyecto y la emisión de un dictamen en un plazo de quince días, según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
El texto que comenzará su discusión en Diputados propone cambios sustanciales: eleva la pena mínima para el delito de homicidio vial de tres a cuatro años y la máxima de seis a ocho años, con la posibilidad de alcanzar hasta doce años en caso de concurrir al menos tres agravantes. Además, estipula que la inhabilitación para conducir será por el doble del tiempo de la condena. La iniciativa también amplía el catálogo de agravantes, incorporando situaciones como conducir bajo los efectos de medicamentos que afecten la aptitud, consumir alcohol, carecer de licencia, superar el límite de velocidad en un 30%, usar el teléfono móvil al conducir o cruzar pasos ferroviarios no habilitados.
El proyecto recibió media sanción en el Senado el 18 de septiembre de 2025, impulsado por las senadoras Anabela Fernández Sagasti, María Victoria Huala y Beatriz ávila, quienes lograron el respaldo unánime de los distintos bloques políticos. La propuesta surgió tras años de reclamos de agrupaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, que demandan una respuesta legislativa acorde a la gravedad de las consecuencias de la conducción irresponsable.
El endurecimiento de penas busca responder a un vacío percibido en la normativa vigente, que según las asociaciones civiles, muchas veces no contempla la severidad de las lesiones o muertes causadas por conductores imprudentes. El texto, tal como fue avalado en el Senado, apunta a actualizar el tratamiento legal de conductas que hasta ahora eran sancionadas con penas más leves, pese a su impacto sobre las víctimas y la sociedad.