La causa es investigada por la jueza María Eugenia Capuchetti. «No solamente constituye actos ilícitos, sino que representa un escándalo moral», se señala en el escrito. Acusan a Emilio Pérsico y a otros dirigentes de «estar de los dos lados del mostrador» porque son funcionarios, controlan el destino de los fondos y gestionan los convenios.
La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una «asociación ilícita» liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. En concreto, los acusan de girar -a través de «convenios» amañados- más de $3.000 millones a sus cooperativas.
Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.
En la causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero, por decisión de la Cámara, se acumuló en el Juzgado Federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, se asegura que se trata de una «conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo- para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político», en este caso el Frente de Todos.
Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, «no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido» por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022.
Los cuestionados fondos del Potenciar Trabajo son administrados por Emilio Pérsico titular de la Secretaría de Desarrollo Social que depende de la cartera que dirige Victoria Tolosa Paz
Los denunciados
Entre los presuntos integrantes de la asociación ilícita que saqueó parte del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social están, entre otros, Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, el único que no es funcionario, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados. Onorato es un dirigente cercano a los lideres del Movimiento Evita de Florencio Varela, los conc ejales Antonio Suárez y Marcelo “Pîtu” Basualdo, este último denota una gran capacidad de ahorro.
La descripción de la maniobra, que tramita en Comodoro Py desde agosto del año pasado, es por «trasferencias directas de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento».
Entre las pruebas presentadas por los dirigentes de la Coalición Cívica se analizan más de 150 convenios aprobados y concedidos a cooperativas y entidades que responden al Movimiento Evita.
Según se desprende del expediente, los casi $4.000 millones fueron derivados a las cooperativas de trabajo y Unidades de Gestión en la que cumplen funciones los beneficiarios del Potenciar Trabajo, a través de «convenios» firmados entre el ministerio de Desarrollo Social, desde la secretaría de Pérsico; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Roig; y las cooperativas de trabajo enroladas en la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, precedida por Onorato. El control sobre el destino final del dinero, que debería ser utilizado para el desarrollo productivo o capacitaciones, recae en manos de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, es decir de Milagros Moya, otra integrante del Evita.
La maniobra
Pérsico fue designado en el puesto por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. El Potenciar Trabajo fue creado en marzo de 2020 por iniciativa de Arroyo. El padrón inicial de beneficiarios era de 554.628 titulares. Tres años después son 1.271.2158, lo que significa un aumento del 129,2% desde su inicio.
El legislador porteño y miembro de la mesa directiva de la Coalición Cívica, Hernán Reyes le explicó a Infobae: «La clave de la maniobra que deberían investigar los jueces y fiscales está en la firma de los convenios y los subsidios a través de lar organizaciones sociales, en este caso del Movimiento Evita»
«Es un direccionamiento hacia sus cooperativas que, obviamente, ellos mismos valoran y controlan. El INAES aprueba, Moya Controla, y los fondos salen de la secretaría que maneja Pérsico», sentenció Reyes, quien entiende que esta es «la caja fuerte a través de la cual estas ‘orgas’ hacen política y se expanden territorialmente».
Las transferencias de convenios se realizan a través de las de Unidades de Gestión gubernamentales que están a cargo de los intendentes y la Unidades de Gestión, no gubernamentales, a cargo de los movimientos sociales.
Desde la CC entienden que los movimientos sociales oficialistas no cuestionan públicamente las políticas de ajuste sobre los planes implementados desde la Casa Rosada. «Bajan gente, pero las orgas siguen recibiendo la misma plata grande, o tal vez más a través de los convenios. Es plata directa que el Movimiento Evita se otorga y controla porque está de los dos lados del mostrador» insistió Reyes.
Desde el Movimiento Evita prefirieron, al menos por ahora, no responder a las acusaciones.
«Sabemos que es una maratón. Desde finales de 2021 que estamos atrás de esto. Hicimos pedidos de informes y solicitudes de investigación en la Oficina Anticorrupción, agotamos todas las instancias. En el Gobierno son cómplices de este robo», denunció Reyes y apuntó: «En agosto del año pasado fuimos a la justicia penal. Son 500 páginas de prueba. Hasta ahora no hicieron nada. Nada de nada».
«A la justicia le exijo que investigue. Que capturen la documentación pública en el Ministerio e investiguen porque siguen robando a costa del hambre de los argentinos. Esa gente merece un programa distinto. Merecen que mejoren sus condiciones de empleabilidad y los ayuden a insertarse en el mundo del trabajo. Es una vergüenza lo que hacen. Los usan», acusó el legislador porteño.
