El Diario Varelense accedió a la sentencia completa del Tribunal del Trabajo N°1 que declaró discriminatoria la cesantía de Osvaldo Roberto Martínez, ordenó su reinstalación y el pago de los sueldos caídos desde septiembre de 2024, estimados en unos 50 millones. El fallo expone las fallas de la defensa municipal y deja abierta la pregunta: ¿quién asesoró, quién controló y quién firmó un decreto que la Justicia declaró ineficaz?
El Tribunal del Trabajo N°1 de Florencio Varela le dio la razón a Osvaldo Roberto «El Pela» Martínez. El 10 de noviembre de 2026, con los votos de los jueces José Facundo Rodríguez Ponte y Mario Daniel Stolarczyk, y la disidencia del juez Diego Alfredo Rosa, el Tribunal hizo lugar al amparo sindical en la causa Nº 6560, «Martínez Osvaldo Roberto c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Amparo Sindical». El fallo es contundente: La cesantía dispuesta por el Decreto 2248/24 fue un acto de discriminación por motivos sindicales.
EL FALLO ES CONTUNDENTE:
1-La cesantía dispuesta por el Decreto 2248/24 fue un acto de discriminación por motivos sindicales.
2-Se declaró la ineficacia de ese decreto y de la comunicación del 27 de septiembre de 2024.
3-Se ordenó reinstalar a Martínez dentro de los 5 días hábiles de quedar firme, en su situación de revista y en una función administrativa equivalente.
4-Se condenó a la Municipalidad a pagarle todas las remuneraciones desde el 27 de septiembre de 2024 hasta su efectiva reinstalación, con actualización e intereses según el art. 55 de la ley 27.802.
5-Costas a la Municipalidad vencida.
La sentencia no fija un monto de 50 millones. Esa cifra es la estimación de la liquidación: más de dos años sin cobrar, con aguinaldos, aumentos paritarios y actualización. Lo que sí fija el Tribunal es el criterio: todo lo que dejó de percibir desde el día de la cesantía.
Martínez, legajo 4198, ingresó el 1 de noviembre de 2009 como empleado temporario de 42 horas, en la Dirección de Control de Ausentismo, aunque cumplía tareas de planta permanente. Fue fundador del Sindicato de Empleados Municipales de Florencio Varela, secretario de Asuntos Sindicales y luego secretario general.
¿Por qué perdió la Municipalidad?
No por falta de abogados. Perdió porque su defensa se cayó frente a sus propios papeles.
Falla 1: Dos traslados sin explicar por qué.
El 28 de noviembre de 2023, la Municipalidad recibió la nota donde se le comunicaba la creación del sindicato. Dieciséis días después, el 28 de diciembre de 2023, sacaron a Martínez de su área y lo mandaron al Corralón. Sin acto previo. La resolución que lo formalizó salió tres meses después, con efecto retroactivo, y con una motivación genérica de «interés público». Lo peor: la propia Subsecretaría de Servicios Públicos informó el 23 de febrero de 2024 que en Equipos Viales «los puestos están todos cubiertos, no pudiendo garantizársele tareas efectivas». Es decir, la propia Municipalidad reconoció que lo mandó a un lugar donde no había trabajo para él. Dos días después lo volvieron a trasladar, a la Delegación Km 26,700. También retroactivo. También sin explicar por qué no volvía a su área de origen .El Tribunal concluyó que no hubo ninguna necesidad funcional probada. Solo una reacción frente a la actividad sindical.
Falla 2: No llevó los expedientes al juicio
En un juicio por discriminación, la ley invierte la carga: si el trabajador muestra indicios verosímiles, es el empleador el que debe probar que actuó por un motivo objetivo y razonable. Es la doctrina de la Corte en «Pellicori» y «Varela c/ Disco».La Municipalidad tenía los expedientes que podían probar su versión: los 224.301, 228.341, 231.966 y 233.496, donde tramitaron las presentaciones del sindicato y los descuentos. Nunca los aportó. Pese a tres oficios del Tribunal, no aparecieron. Quien tiene la documentación en su poder y no la presenta, no puede pretender que el juez le crea.
Falla 3: Confundió «justificar ausencias» con «volver a trabajar»
Este fue el error fatal. La Municipalidad cesanteó a Martínez por «abandono de cargo». Esa figura, según la Ordenanza 9533/19, exige dos cosas: 5 inasistencias consecutivas sin aviso y una intimación fehaciente a reintegrarse a las tareas dentro del día hábil siguiente. Solo si no vuelve, se puede decretar la cesantía. Ninguna cédula lo intimó a volver a trabajar. Las del 24 y 25 de septiembre de 2024 lo citaron a «justificar ausencias» en Recursos Humanos. Martínez fue, presentó su descargo manuscrito el 26 de septiembre. Al día siguiente le dijeron que no le hacían lugar y le dieron curso a la cesantía. El Decreto 2248/24 afirma que existió una intimación a reintegro que no está en el expediente. El Tribunal lo dijo sin vueltas: la causal invocada no se configuró. Tampoco se probaron 5 faltas consecutivas sin aviso. Las ausencias fueron discontinuas, algunas con certificado médico por lumbalgia, otras con descargo presentado.
Falla 4: La máxima sanción a un legajo en blanco
Martínez no tenía ninguna sanción en toda su carrera. Su hoja de «Medidas disciplinarias» estaba en blanco. La Ordenanza prevé una escala: apercibimiento, suspensiones de 5, 15, 20 y 30 días, y recién después cesantía. La Municipalidad se salteó todo y fue directo a la cesantía .Para la mayoría, eso rompe cualquier idea de proporcionalidad y refuerza la sospecha de represalia. No se sanciona así a un agente sin antecedentes, salvo que la sanción no sea por las faltas, sino por otra cosa.
Falla 5: Dejar que el calendario hable en contra
La cronología que la propia Municipalidad dejó documentada la condenó:
-28 de noviembre de 2023: se entera del sindicato.
-28 de diciembre de 2023: primer traslado.
-23 de agosto de 2024: el sindicato, con la firma de Martínez como secretario general, pide audiencia al Intendente, código de descuento y negociación colectiva.
-24 de septiembre de 2024: empieza el procedimiento de cesantía.
-27 de septiembre de 2024: cesantía efectiva.
¿Quién defendió a la Municipalidad y quién controló el decreto?
Hasta acá, lo que dice la sentencia. Lo que la sentencia no dice, y que ahora debe responder la Municipalidad, es quiénes fueron los responsables de esa defensa y de ese decreto. En el juicio, la defensa de la Municipalidad estuvo a cargo del Dr. Hernán Gabriel Sánchez, abogado representante de la Comuna. Su actuación es la que quedó expuesta en el fallo, no por una mención nominal – la sentencia habla de «la demandada» y de «la Municipalidad» como institución – sino por el resultado: la Comuna perdió porque no pudo probar lo que afirmaba.
A partir de ahí, El Diario Varelense plantea tres preguntas que la Municipalidad aún no respondió:
1.¿Sánchez es especialista en Derecho Laboral?
Un amparo sindical no es un juicio más. Se discute libertad sindical, Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, ley 23.551, ley 23.592 y la doctrina de la Corte en «Pellicori» y «Varela c/ Disco». Exige conocer la inversión de la carga probatoria y la necesidad de documentar cada decisión. Este medio está intentando confirmar si el Dr. Sánchez cuenta con especialización acreditada en Derecho Laboral y cuál es su trayectoria en juicios de este tipo. También circulan versiones sobre otros dos juicios laborales recientes perdidos por la Comuna con su patrocinio, que aún no pudieron verificarse con los expedientes en la mano y por eso no se afirman como hechos. Hasta tanto la Municipalidad informe, la pregunta queda planteada.
2.¿Qué hizo la Secretaría de Legal y Técnica?
Un decreto de cesantía no lo firma sólo el Intendente. Antes pasa por las áreas que deben controlar su legalidad. La Secretaría de Legal y Técnica es, por función, el filtro que debe verificar si el procedimiento cumplió con la Ordenanza 9533/19: si hubo intimación a reintegro, si hubo 5 inasistencias consecutivas, si se respetó la graduación de sanciones, si el legajo tenía antecedentes. En este caso, según surge de la sentencia, nada de eso se cumplió.
Entonces: ¿La Secretaría analizó esos hechos? ¿Advirtió los vicios y aun así avaló el decreto? ¿O el decreto llegó a la firma del intendente Andrés Watson para su refrendo sin ese control?.
3. ¿Quién llevará el costo?
La sentencia condena a la Municipalidad como institución, no a un funcionario en particular. Pero el costo económico – más de dos años de sueldos caídos, con actualización e intereses, más costas y honorarios – lo pagarán los vecinos de Florencio Varela. Si la sentencia queda firme y la Municipalidad no reinstala a Martínez, el Tribunal advirtió que aplicará medidas conminatorias. Además, el fallo deja un antecedente peligroso para la Comuna: reconoció que la libertad sindical protege aunque el sindicato no tenga inscripción gremial. No hace falta tener la personería para que echar a un fundador sea discriminatorio.
La defensa municipal intentó presentar a Martínez como un empleado que abandonó su puesto. El Tribunal, con los papeles de la propia Municipalidad, concluyó lo contrario: fue un trabajador que creó un sindicato, lo trasladaron dos veces sin motivo, lo cesantearon sin intimarlo a volver y lo hicieron justo cuando ese sindicato pedía sentarse a negociar. Por eso perdió.













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