La Secretaría de Transporte, bajo la gestión del Ministerio de Economía, presentó una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso gratuito al transporte de media y larga distancia a las personas con discapacidad, frente a los «reiterados incumplimientos» de empresas del sector, que argumentan que «ya no somos un servicio público y no hay obligación de dar esos pasajes».
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) impulsó esta acción legal en busca de una respuesta judicial que ordene a las empresas que respeten la normativa vigente y no limiten el acceso de las personas con certificado de discapacidad a estos servicios.
La cautelar, según se informó en un comunicado conjunto de la CNRT y la Secretaría de Transporte, «se complementa con las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las empresas». Durante las últimas semanas, la CNRT llevó adelante un proceso de multas e intimaciones a más de 44 empresas, debido a su negativa a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley. Según informaron desde el organismo, estos incumplimientos están vinculados a la reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia y cómo se interpretó este decreto.
La visión empresarial
Mientras tanto Gustavo Gaona, vocero de Celadi, explicó esta semana en declaraciones radiales: «No es que las empresas están tomando una decisión, es el Gobierno Nacional quien decidió poner fin al servicio público de larga distancia a partir del decreto de regulación del transporte».
Según Gaona, este cambio significó que las empresas dejaron de ser prestadoras de un servicio público, lo que antes les obligaba a ofrecer ciertos beneficios, como los pasajes gratuitos para personas con discapacidad.
Gaona subrayó que las empresas solían entregar «un millón o un millón y medio de boletos de larga distancia al año», y que estos pasajes representaban un 95% del costo asumido por las compañías, mientras que «el Estado apenas compensaba un 5%». El vocero destacó que «hablamos de más de 42 mil millones de pesos al año en boletos que entregaban las empresas».
De acuerdo con la interpretación que hacen los empresarios, «las empresas ahora ya no son más servicio público, son prestadores, como un prestador de turismo, como un prestador de oferta libre, como todos esos prestadores que no están obligados a entregar ninguna gratuidad».