El Ministerio de Capital Humano radicó una denuncia contra Emilio Pérsico por operar «de los dos lados del mostrador» durante su gestión.
El Gobierno nacional, que encabeza Javier Milei, presentó una denuncia contra el exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en la que se lo acusa de cometer los delitos de «fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
De esta manera, la presentación contra Pérsico, está basada en los resultados de la auditoría sobre el funcionamiento y financiamiento del Potenciar Trabajo, realizada sobre la actual dependencia del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
En ese marco, la denuncia contra el exfuncionario tiene entre sus argumentos un dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA) que señala que violó la «Ley de Ética Pública», al autorizar subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes a dos organizaciones de las que formó parte antes de ocupar el cargo, La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita (FECOVITA).
Además, la Oficina Anticorrupción señaló que la gestión nacional anterior le prohibió a Pérsico que firme los subsidios y le pidió que delegue la firma a otro funcionario, por lo que, la encargada de la transacción fue la exsecretaria de Integración Socio Urbana, Ramona Fernanda Miño.
En ese sentido, desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que la OA condenó a Pérsico por «intervenir como ‘juez y parte’ en distintos expedientes administrativos durante su gestión», a la vez que aprovechó «para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios».
Según señala la denuncia, presentada por Capital Humano, Pérsico habría facilitado a la organización La Patriada subsidios por $261.671.087 a través de cuatro expedientes, mientras que para la FECOVITA, hubo transferencias por $211.675.963 para la gestión del Potenciar Trabajo.
Además, el texto presentado ante la Justicia señaló que la secretaría «tenía la obligación de ejercer la supervisión y control de las actividades» que conlleva la implementación, el seguimiento y la evaluación del programa social. «Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés», enfatizaron.
Es preciso mencionar que, la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, inició una denuncia contra Pérsico en 2022, que se tramita actualmente en el juzgado federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con acusaciones por el desvío de fondos oficiales por $4.000 millones hacia las cooperativas ligadas a sus organizaciones y por la que todavía no fue imputado.
