(Infobae) El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, comenzó a auditar las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una investigación oficial había revelado «graves irregularidades» y «un esquema de corrupción». Solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos.
En ese marco, el 19 de julio el portavoz presidencial Manuel Adorni denunció el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones.
La medida se realiza de manera paralela a la denuncia penal que realizó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, y tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre esas presuntas irregularidades se había detectado que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se gestionó ante el organismo una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro. Según el detalle al que accedió Infobae, las irregularidades incluyen, por ejemplo, 150 expedientes en los que se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar el diagnóstico clínico. En otros registros, en vez de la descripción médica de la incapacidad se transcribió un poema.
Esos números surgen de un muestreo que había realizado la ANDIS sobre los expedientes a través de los cuales se accedió a la pensión. A partir del viernes se comenzó a procesar el 100% de los casos. Es decir, todos están bajo la lupa y serán dados de baja en caso de hallar inconsistencias. Desde el 4 de julio la ANDIS pasó a depender del Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo.
La «auditoría parcial» sobre las pensiones laborales por incapacidad -y el cambio de modalidades para otorgarlas impuestas por el gobierno del Frente de Todos- arrojó resultados que alertaron a las autoridades y eso derivó en la causa penal. Sobre los 2.559 casos auditados «solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos», relataba el informe al que accedió Infobae. «También se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude», se afirma. Las actuales autoridades sostuvieron: «Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándose a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad».
«Las estadísticas no mienten», precisó el abogado Spagnuolo. Y cita las cifras: «Entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales». Y abunda: «Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023?.
La «auditoría parcial» que ahora será completada detallaba:
«Se encontraron casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y múltiples inmuebles, así como personas que trabajaban».
Alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo».
«El 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas».
Desde la Casa Rosada sostuvieron: «Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad ya que el dinero destinado a este sector tan vulnerable ha sido utilizado para arreglos políticos y beneficios de unos pocos».
Spagnuolo anticipó que comenzaron por auditar las casi 27.000 pensiones otorgadas a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Seguiremos por las 400.000 de provincia de Buenos Aires y las casi 99.000 de la Provincia de Chaco, continuando luego por el resto del país», detalló.Para responder voces críticas que afirman que la Libertad Avanza está quitando derechos y recortando beneficios al área de discapacidad, el funcionario aclaró: «El objetivo es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta».
La investigación previa realizada por la ANDIS ya determinó que entre el 10 de diciembre de 2019 y 10 de diciembre de 2023, es decir durante la Presidencia de Alberto Fernández, se otorgaron «casi 300 mil pensiones por discapacidad laboral».
El trabajo destaca que a partir de 2020 comenzaron «una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones».