El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentó un recurso extraordinario ante el Máximo Tribunal. Si lo rechazan, solo le queda el recurso de la «queja».

En busca de asegurar su vigencia hasta que el parlamento se expida al respecto, el gobierno apeló hoy ante la Corte Suprema –vía un recurso extraordinario- el capítulo de reformas laborales del mega DNU 70, suspendido a raíz de la respuesta favorable de un juez a in planteo de la CGT y de las CTA, las centrales de trabajadores de Argentina.

El planteo del gobierno corrió por cuenta del jefe de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que fue directamente al Máximo Tribunal para tratar de acortar los tiempos. Ahora, la Corte puede aceptar el recurso o puede rechazarlo, con lo que dejará al funcionario con la única alternativa de recurrir al recurso de la queja.

Barra pretende que las más de 50 amparos presentados en distintos fueros se unifiquen en el juzgado del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, quien está de vacaciones y es reemplazado por Enrique Lavié Pico Días atrás, Barra habíaa dicho que “el caso del capítulo cuarto del DNU, la Cámara del Trabajo se saltó al juez de instrucción -que no dictó ninguna medida precautoria- y no nos dio derecho a la defensa”.

A principios de mes, la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo fue respaldada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior. En disidencia, la tercera jueza Dora González pidió que el expediente sea remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, como había solicitado el fiscal del caso.

En los últimos días se había habilitado la feria por distintos pedidos de cautelares, en el marco de la “lluvia de amparos” que pronosticó el ex diputado Héctor Recalde. Por un lado, la jueza del Trabajo Silvia Garzini hizo lugar a dos nuevas medidas cautelares contra el capítulo laboral del DNU, con lo que ya suman cinco presentaciones contra esa norma avaladas por la Justicia.

En esta oportunidad, la magistrada dio lugar a sendas presentaciones de las organizaciones Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.

Estas dos entidades se sumaron así a la CGT, la CTA de la Argentina y la Federación Única de Viajantes de Comercio, que también habían presentado cautelares contra el apartado laboral.