El medio recibió una carta documento mediante la que se lo intima a «la eliminación de toda mención» al Hogar Nomadelfia, además de cualquier información que permita individualizar al personal y a los niños que se encuentren alojados allí. Esto, a partir de una serie de publicaciones referidas a un presunto caso de abuso y posterior muerte de un bebé.
En la carta documento se cita una resolución del Juzgado de Familia N° 1 de Berazategui, con el dictado de una cautelar autosatisfactiva que prohíbe «a los medios de comunicación locales, nacionales, televisivos, radiales, gráficos, prensa escrita, comunicar, informar, emitir opinión o someter a análisis datos, cuestiones, exposición, difusión, o divulgación de imágenes e información que permitan identificar a los niños alojados en dicha institución, como así también cesen en la difusión o divulgación de imágenes e información que permitan identificar el domicilio del Hogar en cuestión y los detalles de la investigación en curso y se abstengan de comunicar, informar, difundir, datos , circunstancias e imágenes correspondientes al Hogar Nomadelfia, todo ello en resguardo del derecho a la intimidad, vida privada y reputación de los niños alojados en la institución, ya sea de manera directa o indirectamente…».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió que el derecho a la protección de la privacidad y dignidad de niños, niñas y adolescentes no debe interpretarse de forma contrapuesta al derecho a la libertad de expresión, cuyo contenido es universal y alcanza a todas las personas. Más aún, tanto el derecho a la intimidad de las personas como el derecho a la libertad de expresión gozan de protección constitucional en Argentina, por lo que es necesario buscar la convivencia y la armonía entre ambos.
En este caso, la difusión se ha hecho salvaguardando la identidad y privacidad de los niños y niñas y, precisamente, en procura de su mejor protección, a fin de que se esclarezcan los graves hechos investigados.
En ese sentido, FOPEA recuerda que los periodistas están sujetos a responsabilidades civiles y penales posteriores, derivadas del ejercicio pleno de la libertad de expresión. Cualquier medida preventiva o restrictiva que impida ese derecho, como en este caso una decisión judicial, constituye un acto de censura previa y resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes.