El representante de la familia de Paloma ofreció que se requise el domicilio de la familia Gallardo y la Iglesia de Dios, ambos de Bosques Norte.
El abogado Aníbal Osorio se pronunció sobre el caso del doble crimen de Paloma y Josué. En sus declaraciones a Cadena 3 de Córdoba, el representante de la familia de Paloma destacó las «contradicciones» en los argumentos presentados por el abogado de la familia de Josué. «Desde el primer momento hubo inconsistencia», afirmó Osorio, quien señaló que la otra parte había presentado diversas hipótesis que no coincidían con las pruebas del expediente.
Osorio mencionó que en un inicio se alegó que los adolescentes fueron testigos de un crimen, luego se sugirió que el asesinato estaba vinculado al narcomenudeo, que fue desmentido. «Ahora traen nuevamente esta hipótesis, creando un cierto manto de sospecha sobre la familia de Paloma», indicó el abogado. Aseguró que en el expediente no hay evidencia objetiva que involucre a ningún familiar de Paloma.
El abogado reflexionó sobre la inusual situación en la que los representantes legales de las familias de las víctimas se enfrentan entre sí, en lugar de unirse contra un presunto criminal. «Lo acepto, que se investigue, pero si vamos a crear una hipótesis sobre alguien, lo tenemos que hacer sobre base objetiva», sostuvo Osorio en diálogo con Cadena 3.
Investigación
La activación de un celular condujo a un sospechoso
Sobre la relación entre Paloma y Josué, Osorio indicó que los testimonios en el expediente confirman que eran novios desde noviembre del año anterior. «Todos los compañeros de colegio y los profesores lo dicen», agregó.
Sin embargo, la otra parte insinuó que la relación era inaceptable desde la perspectiva religiosa de los padres, lo que podría haber inducido un desenlace trágico.
Osorio también mencionó que ofreció a la Justicia la posibilidad de realizar un allanamiento en la residencia de la familia de Paloma, así como en la iglesia donde se congregaba la familia de Josué. «Pedimos que se registre toda la iglesia», afirmó el abogado, quien describió la iglesia como una comunidad cristiana evangélica denominada Iglesia de Dios, ubicada en el mismo barrio de los adolescentes.
Por último, expresó su preocupación por la dinámica de la causa, que llevó a que los abogados de las familias se enfrenten entre sí, en lugar de colaborar en la búsqueda de Justicia para los adolescentes asesinados. «Es muy cruel, muy doloroso todo esto», concluyó.
EL UNICO DETENIDO
En las últimas horas el único detenido por el caso, al que se lo vincula con el hecho debido a que poseía un teléfono cuyo código IMEI coincidía con el del teléfono móvil de Josué, se negó a declarar.
El celular del joven terminó en un local de General Roca, Río Negro y por eso el hombre de 36 años fue detenido el lunes.
Los investigadores intentan determinar por qué el número de Josué apareció en manos del único detenido que tiene la causa. No obstante, el sospechoso se negó a declarar e incrementa la incertidumbre.
El martes se allanó también un lugar donde reparan celulares y donde habría estado la carcaza del celular de Josué.
En concreto, la detención se dio luego de que el chip del teléfono de Josué emitiera señal en las últimas semanas. La captura del hombre fue ordenada por la justicia federal y llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). Trabajó la División Homicidios junto con el Departamento de Cibercrimen y la DDI Florencio Varela en coordinación con la DUOF de General Roca.
El objetivo era el domicilio del sujeto. En el interior, los efectivos encontraron varios celulares y tarjetas SIM que fueron secuestradas y dispuestas a los análisis técnicos que arrojarán sus primeros resultados en los días siguientes.
El sospechoso está detenido, tras estar alojado en Roca, y fue trasladado a una comisaría en Florencio Varela, donde fue indagado por el fiscal Darío Provisionato, a cargo de la causa, pero se negó a declarar haciendo uso del derecho constitucional que lo asiste.
El trabajo investigativo en la ciudad rionegrina está lejos de culminar, y por estas horas se ordenaron otros dos allanamientos dentro de la misma causa tramitada bajo exhorto, a cargo de Victoria Bou Abdo, de la 2ª Circunscripción del Poder Judicial de la provincia de Río Negro.