La vicepresidenta se tomó una hora y media para responder a los fiscales que pidieron para ella 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También criticó al tribunal.

(NA) La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer que «nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al pedir 12 años de cárcel en la causa obra pública) fue probado» y desafió al tribunal que la juzga: «me van a estigmatizar y por eso me van a condenar».
En una exposición que transmitió en vivo por la red social Youtube, Cristina Kirchner reiteró que en el juicio por la obra pública de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 «la sentencia ya está escrita» e incluso señaló que los fiscales protegen al poder aun cuando para ello debieran eludir una investigación que apuntara a su propio difunto marido, Néstor Kirchner.
La vicepresidenta recordó que líder del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, concurría a la Quinta Presidencial de Olivos a entrevistarse con Néstor Kirchner y que fue él quien antes de dejar el gobierno le firmó la fusión con Cablevisión. «No sé si algún fiscal tomará nota para investigar si hubo algún acuerdo entre Kirchner y Magnetto», desafió.
A lo largo de una hora y media de exposición, Cristina Kirchner volvió sobre la teoría del Lawfare, vinculó al presidente del tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu con la última dictadura, apuntó a Mauricio Macri como responsable de la situación que atraviesa judicialmente y aseveró que los empresarios cercanos al expresidente eran «los dueños de los nueve millones de dólares que José López revoleó en un convento».
Sobre lo que le imputaron los fiscales, aseguró que «no sólo no fue probado sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían», reiteró, al refutar uno de los principales elementos de cargo que exhibieron los fiscales para sostener que ella es la jefa de una asociación ilícita instalada en el gobierno: la información extraída del teléfono del ex secretario de Obra Públicas José Francisco López.
Del teléfono de López, los fiscales extrajeron comunicaciones con el empresario Lázaro Báez o su entorno, pero según exhibió Cristina Fernández sólo hubo seis contactos con el titular de Austral Construcciones y múltiples con otros empresarios, entre ellos Nicolás «Niki» Caputo, a quien calificó como el «hermano de la vida» del ex presidente Mauricio Macri.
“Tengo la condena escrita, con todo el sistema judicial… Deben estar poniéndose la servilleta, con el cuchillo y el tenedor”, disparó al considerar que existe por parte del tribunal que la juzga una animosidad rayana en el odio en su contra. En ese contexto, señaló que el padre del juez Rodrigo Giménez Uriburu fue “oficial de la Marina, postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool (el equipo de fútbol que compite en las canchas de la quinta privada del ex presidente Mauricio Macri) y fue edecán de (Leopoldo) Galtieri y (Reynaldo) Bignone.
Además, está casado con la nieta del que fuera responsable de la masacre de Margarita Belén. Las tiene todas”. Según la vicepresidenta, el objetivo del juicio en el que considera que será condenada es “disciplinar a la dirigencia política para que nadie se anime a hacerlo dos veces. Dos veces pagarle al FMI y decirle andate, no; dos veces plantarse frente a los fondos buitres, no; dos veces Vaca Muerta, no; dos veces las AFJP, no, no, no!”.
Cristina Kirchner le dedicó un pasaje especial de su exposición al ex asesor judicial del gobierno de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
“Es el único dirigente político prófugo y no es nuestro. Nosotros nos quedamos, ante todas las acusaciones en nuestra contra nos quedamos y nos presentamos ante la Justicia. Ustedes huyen”, embistió.
En ese marco, exhibió una foto de Rodríguez Simón con la ex diputada Elisa Carrió y con la actual Mariana Zuvic, a quienes con ironía llamó “las adalides de la lucha contra la corrupción”.
En la foto, los tres llamaban a terminar con los privilegios del Parlasur, pero contrapuso que Rodríguez Simón “fue el único que usó esos fueros para no ser extraditado”.
Más allá de las consideraciones políticas, la ex presidenta hizo hincapié en la información extraída del teléfono de López, una prueba que –insistió- fue incorporada por el tribunal “entre gallos y medianoche” y no había sido evaluada ni tomada en cuenta durante los tres años de audiencia que precedieron a los alegatos.
“Fueron a buscar pruebas en otros juicios. Traen el teléfono de López y no hay ningún Whatsapp mío. (…) Yo no sabía que habían introducido esta prueba, pero está bien, vamos a analizarla”, anunció.

Entonces exhibió mensajes que no habían sido mostrados durante las nueve jornadas de los fiscales Luciani y Mola: “además de mentirosos y de las ficciones no trabajan y no leen las pruebas que recaban”.
Lo que siguió fue un largo desarrollo de intercambios de mensajes de López con Caputo, con Eduardo Gutiérrez –dueño del Grupo Farallón- y con el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Juan Chediack.
Así, la vicepresidenta mostró que durante un mismo período López mantuvo seis comunicaciones con Lázaro Báez, 109 con Caputo, 177 con Gutiérrez y 86 con Chediak, todas con un clima de cordialidad y familiaridad y en torno a pedidos y reclamos de pagos por obras públicas concedidas a sus respectivas empresas.
Cristina Kirchner apeló a esos datos para mostrar que –según su visión- no había favoritismo ni asociación ilícita con Báez: “¿los fiscales no vieron esto?”, se preguntó.
En especial, sobre Caputo, mostró que buena parte del intercambio con López estaba relacionada con la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que debía contar con financiamiento privado pero durante el gobierno de Macri y por decreto se le asignaron fondos del presupuesto nacional por 45 mil millones de pesos.
“Eso es cinco veces más que lo que los fiscales dicen que fue la corrupción en Santa Cruz. El Estado no debía poner un pero porque el financiamiento era privado y terminó asignando 45 mil millones. Me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto”, provocó.
Tensa y visiblemente ofuscada por momentos, Cristina Kirchner se excusó por mirar a una cámara equivocada durante su exposición (“no soy actriz ni tengo tanta experiencia en sets de televisión”) y sostuvo que el alegato que desgranaron los fiscales Luciani y Mola “no era una acusación; era un guión y bastante malo, por cierto”.
La vicepresidenta recordó que el empresario del Grupo Clarín Héctor Magnetto concurría a la Quinta Presidencial de Olivos a entrevistarse con Néstor Kirchner y que fue él quien antes de dejar el gobierno le firmó la fusión con Cablevisión.
«No sé si algún fiscal tomará nota para investigar si hubo algún acuerdo entre Kirchner y Magnetto», desafió.
A lo largo de una hora y media de exposición, Cristina Kirchner volvió sobre la teoría del lawfare, vinculó al presidente del tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu con la última dictadura, apuntó a Mauricio Macri como responsable de la situación que atraviesa judicialmente y aseveró que los empresarios cercanos al ex presidente eran «los dueños de los nueve millones de dólares que José López revoleó en un convento».
Sobre lo que le imputaron los fiscales, aseguró que «no sólo no fue probado sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían», reiteró, al refutar uno de los principales elementos de cargo que exhibieron los fiscales para sostener que ella es la jefa de una asociación ilícita instalada en el gobierno: la información extraída del teléfono del ex secretario de Obra Públicas José Francisco López.
Del teléfono de López, los fiscales extrajeron comunicaciones con el empresario Lázaro Báez o su entorno, pero según exhibió Cristina Fernández sólo hubo seis contactos con el titular de Austral Construcciones y múltiples con otros empresarios, entre ellos Nicolás «Niki» Caputo, a quien calificó como el «hermano de la vida» del ex presidente Mauricio Macri.
Cristina decidió responder a través de sus redes sociales luego de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de negarle contestar los cargos que se le formulan en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, durante sus gobiernos.