(DIB) La jueza federal María Servini convocó a los denunciantes del presidente Javier Milei a ratificar las presentaciones hechas a raíz de lo ocurrido con la criptomoneda $LIBRA de manera previa a dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación.
En el caso de la primera denuncia, sus firmantes ya se presentaron en los tribunales federales de Retiro para cumplir con el trámite y anticiparon su intención de ampliar los fundamentos, según informaron fuentes judiciales.
Se trata de la presentada por el exdiputado y economista Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hasta el momento el juzgado de Servini recibió al menos seis denuncias por lo ocurrido y sus autores fueron citados a ratificarlas. “Vengo a ratificar la denuncia”, anunció Lozano en la mesa de entradas de la secretaría número 1 alrededor de las 11 de la mañana de ayer.
Según trascendió, los denunciantes quieren ampliar sus presentaciones, para incluir el crudo de la entrevista que el Presidente le brindó al periodista Jonatan Viale y también las declaraciones de Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de la criptomoneda.
Luego la jueza dará vista al fiscal federal Eduardo Taiano para que determine si corresponde impulsar la investigación y si formula imputaciones concretas hacia alguno de los mencionados. Taiano está de licencia. Lo reemplaza Gerardo Pollicita, quien, a pedido de su colega fiscal, lo esperará hasta el jueves para que el titular decida si corresponde instar la acción penal o archivar las denuncias.
Las denuncias
Inmediatamente después se presentaron las primeras denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. Según informó Chequeado, desde la Cámara Federal porteña comunicaron que la primera presentación fue realizada por Lozano, junto a los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Los denunciados son Milei; Julián Peh, CEO de Kip Protocol; Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Parisini, conductor del canal de streaming Carajo; y Agustín Laje, escritor e intelectual vinculado al Presidente.
Por otra parte, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Milei; a su hermana Karina; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al empresario y asesor presidencial Mauricio Novelli; a Peh y a Davis; y a Laje y a Francisco Caputo, de la Fundación Faro.
También la Coalición Cívica presentó una denuncia, con la firma incluida de Elisa Carrió, y por su parte, Itaí Hagman y Juan Grabois, de Patria Grande, hicieron su propia presentación judicial.
La denuncia de Lozano menciona 3 delitos. Primero, el de asociación ilícita, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.
En segundo lugar, refiere a 2 artículos del capítulo de estafas del Código Penal: el 172, que prevé penas de 1 mes a 6 años de prisión para el que defraude a otro con supuestos nombres, títulos, influencias o aparentando bienes o empresas; y el 174, inciso 6, que establece penas de 2 a 6 años para el que afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento, o “fraudulentamente disminuyera el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.
Por último, refiere al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248), con penas de un mes a 2 años de prisión, por violación a la Ley de Ética Pública.
