En la Seccional recibimos denuncias de episodios de violencia y acoso laboral por motivos de género. Las y los funcionarios del área de Salud, a pesar de ser notificados por diversos medios, responden proponiendo el traslado de las víctimas de sus lugares de trabajo. No realizan ningún tipo de investigación sobre los hechos y tampoco resultan sancionados los violentos.
La pasada semana elevamos una nueva nota al Secretario de Salud, Rubén Trepichio. En esta oportunidad, el motivo fue por las denuncias realizadas por varias integrantes del Equipo del CIC San Francisco. Ellas han señalado reiteradamente al agente Daniel Besada, quien se desempeña como sereno en ese mismo lugar desde hace varios años, como el responsable de episodios de violencia laboral y de género.
Pero esta situación no ha sido la única. A estas denuncias, se suman las realizadas oportunamente por el CIC Santo Tomás y hace unos años las que hicimos contra el agente Villafañe, a quien recién desafectaron de su cargo cuando fue condenado por abuso de menores. En ese caso, mientras ejerció su cargo de enfermero en diversos efectores, continuó acosando a compañeras y, lo que confirma la postura de connivencia con estos personajes por parte de la Secretaría, aparecía en las fotos de las redes oficiales abrazado a funcionarios.
Entendemos que las autoridades debieran actuar con celeridad y con perspectiva de género ante estas denuncias y no continuar revictimizando a las trabajadoras con presiones y solicitudes de traslados. Las compañeras afectadas no están en condiciones físicas y psicológicas de afrontar un cambio y la adaptación que ello implica, especialmente teniendo en cuenta que no son las que generan el problema y resulta una gran injusticia plantear esa alternativa como forma de resolución del conflicto.
Es indispensable la capacitación en temas de género, pero también es necesario intervenir cuando estos episodios se producen. Al no ser así, se cae en una gran hipocresía: se sostienen discursos progresistas mientras se perpetúan prácticas patriarcales desde las más altas esferas del poder, cosa que ocurre con el gobierno municipal.
La violencia y el acoso por motivos de género también afecta la calidad de los servicios públicos y a todas y todos los trabajadores, impactando negativamente en la organización de los equipos de trabajo. Es necesaria la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta la perspectiva de género para combatir y eliminar la violencia laboral, y especialmente hacia las mujeres, en los ámbitos de trabajo.
Una vez más, solicitamos que en forma urgente se profundice la investigación sobre estos episodios y se intervenga realmente desde la perspectiva de género que dicen sostener, escuchando y teniendo en cuenta las denuncias presentadas.

CICOP F. Varela