Pollicita dictaminó que no existe un riesgo real para justificar una medida de arresto en esta instancia de la investigación.

(NA) El fiscal Gerardo Pollicita rechazó este martes (por ayer) el pedido de la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por considerar que no existe un “riesgo real o grave” para emitir una orden de arresto en esta instancia de la investigación.
Lo que la fiscalía dictaminó es que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura. Sin embargo, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.
Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.
Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar «vínculos residuales» y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En referencia a ello, la diputada sostuvo que Adorni tiene «capacidad estructural» para obstaculizar la justicia, sobre todo luego de la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido “presiones” por parte del funcionario horas antes de testificar.
En lo que respecta a las próximas indagatorias, este miércoles declara a Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.
La magnitud de los trabajos y el volumen de dinero declarado por el contratista se convirtieron en un punto clave para la causa, que busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos del funcionario y su patrimonio.
Mientras avanza la investigación judicial, los detalles sobre los gastos en la propiedad refuerzan las sospechas en torno al origen de los fondos utilizados, en un contexto donde el caso ya genera fuerte repercusión política y mediática.
Según detalló, las obras se extendieron durante diez meses —entre septiembre de 2024 y julio de 2025— sobre un lote de 400 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, la construcción de un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, además de otros elementos de alto costo que forman parte del equipamiento del inmueble.
El dato central surgió de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones.
Tabar fue citado a indagatoria como parte de la investigación en curso y, durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, aportó documentación respaldatoria que incluye presupuestos, contratos y facturas.
Entre los gastos más llamativos aparece la incorporación de una parrilla de lujo, valuada en alrededor de 15.000 dólares, en línea con el perfil de las mejoras realizadas en la propiedad. El conjunto de las refacciones implicó un desembolso que supera ampliamente los 120.000 dólares que el propio Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.