La Mesa de Articulación de Niñez envió una carta abierta a diputados/as y senadores/as de la República Argentina en rechazo al DNU, la Ley Omnibus y el Protocolo Antiprotestas, porque afectan los derechos de los pibes.
Buenos Aires, 27 de enero del 2024.-
CARTA ABIERTA A LA
- CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Y
- CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de referentes, redes, organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales, religiosas y políticas, trabajadores y trabajadoras, militantes y defensores y defensoras de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de diferentes provincias del país, que conformamos la Mesa de Articulación de Niñez, constituida como un espacio de encuentro, convergencia, intercambio y organización plural y sin adscripción partidaria.
El miércoles 17 de enero hemos presentado a través de la Presidencia de cada Cámara y de cada uno de los Bloques, un documento, con novecientas adhesiones, en rechazo a las iniciativas normativas del Poder Ejecutivo, por las implicancias regresivas y violatorias de los derechos de Niñas, Niñes, Niños y
Adolescentes consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Constitución Nacional y leyes vigentes. La presentación formal de dicho documento por mesa de entradas, fue sucedida por reuniones mantenidas con integrantes de los bloques de ese cuerpo legislativo, para reforzar los fundamentos del rechazo. Es insoslayable además, el amplio rechazo que han tenido estas iniciativas por el conjunto de los movimientos sociales y políticos, demostrado en la masiva movilización, a lo largo y ancho del país, el 24 de enero pasado.
Las iniciativas a las que nos referimos son el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (en adelante DNU), el Proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” (en adelante Ley Ómnibus) y el Protocolo para el mantenimiento del orden público (la Resolución 943/2023 del Ministerio de
Seguridad (Res. 943/2023- Min. de Seguridad). Adelantamos que, más allá de que se eliminen disposiciones de la propuesta original, nos preocupa seriamente la delegación legislativa en manos del Poder Ejecutivo que están previstas.
Desde aquella presentación a la fecha, fue emitido un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados respecto de la Ley Ómnibus, en un contexto de graves irregularidades institucionales, dado que lo que fue firmado fue un formulario en blanco y no el texto de un dictamen consolidado, afectando los procedimientos reglamentarios de la propia Cámara. Esto no es otra cosa que la simulación de un acto jurídico y un fraude a la institucionalidad democrática, además del incumplimiento manifiesto de los deberes de la función pública. Entendemos, que este proceder amerita ser objeto de una investigación y sanción en el ámbito administrativo, judicial y político, ya que expresa el desprecio por las instancias de consolidación de consenso y debate público, que inspira todo el paquete de reformas cuyo rechazo promovemos.
Como dejamos dicho entonces, además de las modificaciones que expresamente afectan a los colectivos de niñez y adolescencia, el conjunto de medidas también les afectan. De allí que, aun cuando el dictamen que sea sancionado, difiera del proyecto original, en la medida en que se mantengan disposiciones que vulneran las economías populares, los derechos del trabajo, los bienes comunes, el acceso a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, a la justicia, a la movilidad humana, al medioambiente, al agua, a la tierra, afectando la soberanía y los territorios ancestrales, entre otros, se precarizan las vidas de niñas, niñes, niños y adolescentes y de las generaciones venideras (los enlaces de las presentaciones se encuentran al pie del presente documento).
En lo que hace a la delegación de facultades al PEN, la misma no cumple con los requisitos dispuestos por la Constitución Nacional (art. 76), aunque se la limite al plazo de un año. Aceptar tal delegación implica dar carta blanca, en lo inmediato y en el largo plazo, al cercenamiento de derechos de la población, a criterio del Poder Ejecutivo, sin el debido control institucional, ni de la voluntad popular. Esta disposición está destinada únicamente a eludir la intervención del Congreso en el tratamiento de asuntos de interés público, dañando las formas democráticas, representativas, republicanas y federales, tal como lo demuestran el conjunto de las iniciativas lanzadas y el modo en el que pretenden ser impuestas. Criminalizando el ejercicio del derecho a la protesta social, incluso, a niñas, niñes, niños y adolescentes, lo cual ha sido objetado por los órganos especializados de Naciones Unidas1.
En particular, nos preocupa el tratamiento de temas sensibles para los derechos de las niñeces y adolescencias como son la baja de la edad de punibilidad (anunciada en discursos públicos del Ministro de Justicia y de la Ministra de Seguridad), o la posible derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la continuidad en el desmantelamiento de los sistemas de protección de derechos, las políticas educativas y culturales, o las que afectan el medioambiente, los derechos de las personas migrantes y pertenecientes a pueblos originarios, entre otras que inciden en forma directa a las infancias y adolescencias, contrariando los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
Por lo expuesto, exhortamos a este Congreso Nacional, y a cada uno y cada una de los y las integrantes de sus Cámaras (diputados y diputadas, senadores y senadoras) investidos como representantes legislativos por el voto popular el total rechazo al DNU, a la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y al Protocolo indicados.
Asimismo, exigimos que se lleven a cabo, en el ámbito de sus competencias, todas las medidas idóneas para impedir su aplicación y resguardar los procesos democráticos y transparentes de sanción de leyes, velar por la plena vigencia de los derechos fundamentales e indiscutibles de nuestra Carta Fundamental, que conforman el núcleo de garantías sustantivas que constituyen la única fuente legítima del accionar del Estado.
En particular, exigimos se respeten los derechos de Niñas, Niñes, Niños y Adolescentes en toda su diversidad y se vele por el funcionamiento de las instancias democráticas de participación en todo el ciclo de las políticas públicas y la sanción de leyes.
