(Nota de Opinión)

La reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional no ataca las verdaderas causas del trabajo en negro o registrado de forma deficiente, de la consecuente evasión fiscal y de sus negativas derivaciones en materia jubilatoria y de salud.

  Durante los últimos años mucho se ha hablado del trabajo informal, comúnmente denominado “en negro”. Se estima que cerca del 50% de los trabajadores en relación de dependencia no están registrados, por lo cual no tienen aportes jubilatorios, carecen de obra social y de cobertura por enfermedades o accidentes.

La falta de aportes desfinancia al ANSES y, a la larga, determina que esos trabajadores solamente puedan obtener su beneficio jubilatorio por moratorias.

La ausencia de obra social deja al empleado y a su familia sin otra opción que atenderse en hospitales públicos, con el consecuente exceso de demanda de atención médica, de estudios y de insumos que terminan colapsando los servicios de salud pública.

Frente a este cuadro, que impone la necesidad de una reforma en materia laboral, venimos escuchando insistentes propuestas que ponen el foco solamente en las indemnizaciones por despido y en las llamadas “multas”.

Si bien los montos de las multas vigentes (leyes 24.013, 25.323) parecen excesivos, lo cierto es que se aplican únicamente en los casos de trabajadores no registrados o que lo están en forma deficiente (p.ej. los que figuran con jornada reducida cuando en realidad trabajan jornada completa).

El DNU 70/23 emitido por el Presidente Javier Milei dispuso –con un inocultable sesgo pro empresario- importantes modificaciones en materia laboral: derogó leyes y artículos que disponen incrementos (multas) indemnizatorios; derogó y modificó numerosos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y de otras normas laborales.

Si bien la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de la totalidad del Título IV de ese DNU, la aplicación de la mencionada reforma laboral está condicionada a lo que finalmente resuelva el Congreso de la Nación.

Pero, con independencia de las modificaciones legislativas dispuestas por el Presidente de la Nación, la experiencia cotidiana indica que la verdadera razón por la cual los pequeños y medianos empresarios no contratan más personal o lo hacen en negro, es el alto costo de las denominadas cargas sociales.

La sumatoria de los distintos conceptos a cargo del empleador (jubilación, obra social, sindicato, ART) representan un recargo del 30% o más sobre las remuneraciones que debe pagar. A esto hay que agregarle el porcentaje que debe retenerse del salario del trabajador.

Al momento de tomar la decisión de contratar un empleado, el pequeño y mediano empresario calcula cuanto dinero le significa ponerlo en blanco y cuanto se ahorra por mes teniéndolo total o parcialmente en negro. Ese dato en tiempo presente es mucho más determinante que el costo futuro de un eventual conflicto judicial.

Es por eso que, para impulsar la creación de nuevos empleos y promover el trabajo debidamente registrado, es necesario incentivar a los pequeños y medianos empresarios mediante la eliminación, o una sustancial reducción, de todas o algunas de las cargas sociales.

Esta condición esencial y prioritaria está ausente en el discurso y en los proyectos del Gobierno Nacional y, también, en los debates de estos días en el Congreso de la Nación.

       DARDO H. OTTONELLO