Joaquín Sebastián Lencina fue denunciado por Rocío acusado de abuso sexual infantil.
Ella era su prima de 13 años cuando comenzaron los hechos. El (20 años) le decía que lo que hacían era un juego -ella se quedaba a dormir en la casa de sus tíos-, que tenían un secreto entre los dos.
Cuando crecieron le decía que eran novios pero que no lo cuente por la diferencia de edad, que la familia no lo permitiría. Con el paso del tiempo llegó la extorsión con fotos íntimas, que él aseguraba que publicaría en redes si lo dejaba o contaba lo que venía sucediendo.
Cuando ella juntó fuerzas y cumplió 18 años, se lo contó a su madre y juntas denunciaron los abusos, decidiendo así quebrar todos los lazos familiares y prometiéndose que llegarían a lograr justicia.
Rocío tuvo que pasar por toda la burocracia judicial: citaciones, policías, exámenes médicos, peritos psicólogos. Todo para saber si decía la verdad: entrevistas, preguntas, etc.
El acusado también pasó por todas las instancias, respetándosele las garantías constitucionales de la defensa en juicio. Siempre en libertad, hasta un fiscal recibió e incorporó a la investigación fotografías del cuerpo de la víctima, de ese modo quería probar relaciones consentidas.
La causa se estancó, entre tantas en las que se denuncia el abuso sexual intrafamiliar. Rodio y su madre decidieron ir a ver al juez personalmente y exigiendo justicia.
El primer juez que intervino fue Diego Agüero quien ordenó se destruyan esas fotografías de la niña en condición de víctima de violencia sexual, que habían sido incorporadas en la causa.
«No escapa a la violencia simbólica del imputado, el obrar de la defensa, acompañando, ratificando y sosteniendo ese modo de plantear una defensa técnica totalmente apartada del respeto de los derechos de la mujer y la fiscalía, en particular, de aceptar ese modo de defensa y de incorporar al expediente en papel y digital esas fotografías que exponen partes íntimas del cuerpo de la mujer que no se vinculan con el objeto procesal, por lo que ordenaré que por Secretaría se eliminen esas fotos impresas y que lucen en el expediente y a la fiscalía encomendaré que modifique la privacidad de la digitalización y que arbitren los medios para que pasen de modo «público» a «privado exclusivo de fiscalía» el trámite… y de esa forma evitaremos que se viralicen esas imágenes y se sigan afectando los derechos de Rocío…», sentenció el magistrado.
El titular del Juzgado de Garantías 6, Diego Agüero, sostuvo que permitir esa forma de defensa configuraba una nueva violencia, la simbólica, sancionada por la Ley de Protección Integral de las Mujeres (26485), y de plano ordenó la restricción de acercamiento. Notificó personalmente al imputado y le dijo que si no cumplía ordenaría su detención.
El fiscal solicitó que pase la causa a juicio y sin pedir la detención del acusado. El Juez Agüero sostuvo que: «…ha quedado demostrado que se ha quebrado la confianza del grupo familiar, aprovechándose un integrante de la misma, mayor de edad, de la inexperiencia de una niña, que luego violentó y manipuló, para abusarla sexualmente en reiteradas ocasiones» y ordenó en diciembre de 2022 que la causa pase a la etapa de debate.
El acusado, con el asesoramiento de su abogado particular reconoció el hecho y pactó con el fiscal de juicio aceptar una condena de prisión efectiva de seis años y una jueza del Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela, homologó esa forma de terminar el proceso sin desarrollarse el debate, mediante el «juicio abreviado».
Hasta ese momento, Rocío creyó que había logrado justicia, pero siguió viendo en el barrio al condenado y le explicaron que tenía derecho y había apelado la condena.
Durante casi tres años Rocío estuvo sin medidas de protección de la justicia. La restricción del Juzgado de Garantías Nº 6 venció cuando se pasó a la etapa de juicio y en el momento de la condena no pensaron en la apelación y no le impusieron al condenado restricción de acercamiento, por lo que podía acercarse en cualquier momento a la víctima y Rocío lo sabía, su cuerpo también y comenzaron los ataques de pánico que impidieron que cure las heridas que permanecen en las niñas abusadas, por más que ya sean mayores de edad.
También la justicia se olvidó de la ley de víctimas. Rocío comenzó a conocer los trámites del proceso, cuando su mamá llamaba por teléfono al Tribunal y le explicaban que pasó la apelación al Tribunal de Casación de La Plata, que luego se elevó a la Suprema Corte de Justicia provincial y que faltaba que lo notifiquen a Lencina, siempre él en libertad y ella encerrada esperando justicia.
Llegó el momento y la condena quedó firme: todos rechazaron las apelaciones, Casación y Suprema Corte convalidaron la intervención de la justicia penal de Florencio Varela.
Luego de garantizar todas las notificaciones al condenado, ahora firme, y que se agoten los plazos para apelar -quizás pretendía llegar a la Corte Interamericana-, la justicia por fin ordenó que lo detengan.
La Policía de la comisaría primera fue hasta la casa de calle 556 del barrio San Jorge de Florencio Varela. Los uniformados fueron atendidos por la madre del condenado quien les dijo que Joaquín no había vuelto de su trabajo en Capital y la causa volvió a estancarse.
Rocío nuevamente no se rindió, no le falta el respeto a la justicia, no opina sobre todo lo que pasó.
Con toda la fuerza que la caracteriza hoy reclama por redes sociales para que los familiares dejen de encubrir a Joaquín Sebastián Lencina y se presente a cumplir la condena.
Con fotos y posteos en redes busca que finalmente se haga responsable del abuso sexual infantil y que seis años de condena en una prisión puedan devolverlo a la sociedad como una mejor persona, ella siempre sostiene que siente temor que pueda hacer él con otras nenas, no quiere que otra niña sufra todo lo que ella pasó.
Cualquier información sobre el paradero de Joaquín Sebastián Lencina puede aportarse llamando al número gratuito 911 o al 4255-0444 de la comisaría primera de Florencio Varela.
