El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, abre una nueva investigación en el marco de la causa aportantes truchos de Cambiemos, para determinar si en la campaña de 2017 hubo un supuesto lavado de dinero.
El juez Alejo Ramos Padilla ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en el expediente de la causa de aportante truchos de Cambiemos «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito» en ese período, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.
Además, Ramos Padilla sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965, a la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
Cabe señalar, que la causa sobre los aportantes truchos de Cambiemos busca determinar si el, por entonces, Gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos inversores a la campaña electoral que el partido realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a diputados y senadores.
La lista de aportantes truchos de Cambiemos combina a 100 grandes empresarios y compañías que aportaron entre $500.000 y $3 millones y que sumaban $130 millones mientras que aparecían 1400 donantes más pequeños como, funcionarios, empleados públicos, monotributistas y jubilados.
De acuerdo al documento que Ramos Padilla tiene en sus manos, en muchos casos figuran dos o más ejecutivos de una misma empresa, aunque en los papeles aparecen como donaciones.
Vale recordar, que el caso de los aportantes truchos de Cambiemos se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Según lo que se detectó, esas personas figuraban como afiliados al PRO y habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, «los DNI no se correspondían».
Asimismo, la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales.
El documento también registró que 40 aportantes «podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia o bien por superar los topes establecidos».
Paralelamente, se descubrió a 209 personas «que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses» y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron $20 mil pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron $17 mil y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que «muchas de las personas declaradas en el informe» de los aportantes truchos de Cambiemos «rechazan haber realizado el aporte informado». Los peritos de la CNE cuestionaron luego el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.
Es preciso mencionar, que en 2017 Vidal era la presidente del Pro bonaerense y nunca fue citada por la Justicia para que explique el origen de los fondos destinados a la campaña de Cambiemos aunque, en ese momento, desplazó a la que era secretaria de Legal y Técnica de su administración, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido.
