La norma pretende sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva, que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

(Infocielo)
Entidades empresariales y empresarios Pymes se abroquelaron en rechazo a un proyecto de ley elaborado por representantes de La Cámpora que pretende elevar el valor de las indemnizaciones laborales en la Provincia de Buenos Aires y que las dejaría en jaque a la hora de afrontar litigios laborales.
La iniciativa comenzó a rodar en 2023 a través de un proyecto de ley presentado por la camporista Maite Alvado y la sindicalista Soledad Alonso y cuenta con media sanción en Diputados (fue avalado por UxP, los libertarios dialoguistas Sergio Cuervo y Constanza Moragues y la izquierda)
En concreto, «el objetivo de esta iniciativa es subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo» explicaron sus impulsores.
En las últimas horas, un amplio arco de entidades y Pymes se manifestaron en rechazo a la iniciativa y pidieron al Senado activar una mesa de diálogo para «evitar esta modificación legislativa».
Entre las entidades que se manifestaron en contra figuran la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Federación Económica bonaerense (FEBA), la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA), la Confederación Económica bonaerense (CEPBA), la Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y hasta la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), históricamente más cercana al oficialismo bonaerense.
«El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas. Solicitamos que se evalúen el grave perjuicio para las Pymes y para la generación de empleo» advirtieron.
El proyecto establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.
«El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas» cuestionaron desde Cgera. Para la La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) la idea «resulta desaconsejable e inoportuna».
En paralelo al debate en la Legislatura, se conoció días atrás una nueva doctrina laboral de la Suprema Corte bonaerense sobre las indemnizaciones que puso en alerta máxima a las PyMEs
Ante el contexto de inestabilidad económica e inflación declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas – art. 7 de la Ley de Convertibilidad N°23.928- a fin de disponer una «equitativa actualización» del crédito adeudado en una causa de daños y perjuicios.
En el marco de una causa por un accidente de tránsito y las indemnizaciones a las víctimas, la Corte dio a conocer un fallo con carácter de doctrina que ya comenzó incluso a ser tomado de referencia en instancias inferiores.
Para el máximo tribunal bonaerense «El serpenteo que reflejan los trayectos inflacionarios y el alza generalizada de los precios y la depreciación monetaria, agravados en los últimos tiempos, y fuertemente en el último bienio, parece una constante. Estos hechos notorios impulsan el replanteo de la doctrina legal de este Tribunal»
En ese marco, revisaron el esquema de convertibilidad de los años 90′ en el que se sustentan parte de las leyes y marcaron su obsolescencia ante el escenario actual: «Las zozobras financieras del país fueron sintiéndose de manera progresiva, al igual que lo hicieron los niveles de la inflación, cuyos índices, lejos de aquietarse, continuaron dinamizándose de modo incremental».
«Las actuales condiciones inflacionarias también impactan negativamente en quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de su acreencia» aseguraron.