El Diario Varelense reconstruyó el origen de la investigación que terminó con allanamientos y detenciones por una presunta organización dedicada a brindar servicios médicos clandestinos. La denuncia original, radicada en noviembre de 2021 en la Fiscalía N.º 1 de Florencio Varela, ya describía una estructura con ambulancias irregulares, personas que habrían ejercido ilegalmente la medicina y el uso de sellos y matrículas profesionales. ¿Por qué aquellos hechos denunciados hace casi cinco años vuelven a aparecer en el centro de la escena?

El caso de las presuntas ambulancias truchas y los médicos falsos que funcionaban en Florencio Varela sumó un capítulo de enorme gravedad tras los allanamientos y las detenciones concretados por orden judicial. Sin embargo, la reconstrucción realizada por El Diario Varelense permite advertir un dato que merece una explicación: buena parte de las maniobras que ahora se investigan ya habían sido descriptas en una denuncia presentada en noviembre de 2021.
El expediente, identificado como IPP N.º 13-02-019799-21, lleva la carátula «Asociación ilícita – Ejercicio Ilegal de la Medicina por Préstamo de Nombre – Usurpación de títulos u honores» y se inició en la Fiscalía N.º 1 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Darío Provisionato.
La pregunta que surge de la documentación reconstruida por este medio es inevitable: ¿qué ocurrió entre aquella denuncia inicial y el operativo que permitió detener a varios de los presuntos integrantes de la organización?
Una denuncia que ya describía la presunta estructura
Según surge de la denuncia original, un oficial de la Comisaría Primera de Florencio Varela manifestó haber tomado conocimiento, a través de los dichos de una mujer, de la existencia de una presunta banda encabezada por un hombre de nacionalidad peruana identificado como Pedro. De acuerdo con aquella presentación, el hombre habría actuado junto a una mujer llamada María, señalada como administradora de la estructura. Ambos estarían al frente de una empresa dedicada a realizar traslados de emergencias médicas mediante ambulancias que, según la denuncia, funcionarían de manera irregular.
El relato incorporado al expediente también advertía sobre la presunta utilización de sellos y matrículas pertenecientes a médicos registrados, una maniobra que, de comprobarse, podría haber permitido ofrecer servicios sanitarios sin contar con profesionales debidamente habilitados.
En la misma denuncia se mencionaba a una mujer identificada como Sandra, de nacionalidad venezolana, quien habría actuado como una de las médicas falsas.
La presentación policial ubicaba el funcionamiento de la empresa en un inmueble de la calle San Nicolás 2956, en Villa Vatteone. Además, señalaba que la propiedad lindera, situada en San Nicolás 2955, era utilizada como base de las ambulancias.
Es decir, la denuncia de 2021 ya identificaba personas, domicilios y una modalidad de funcionamiento que guarda similitudes con los hechos descriptos en la investigación que derivó en los recientes allanamientos.
Pedro y María
Otro punto que llama la atención en la reconstrucción realizada por El Diario Varelense es que los nombres de Pedro y María, mencionados en la denuncia original como presuntos responsables de aquella estructura, no figuran en la lista de personas detenidas que trascendió tras el operativo.
Esta circunstancia no permite concluir, por sí sola, cuál fue su grado de participación ni qué ocurrió con ambos durante los años posteriores a la denuncia. Tampoco demuestra que las personas señaladas en 2021 sean necesariamente las mismas que hoy aparecen vinculadas a todos los hechos investigados.
Pero sí abre una serie de interrogantes que merecen una respuesta oficial: ¿fueron investigados en profundidad? ¿Se estableció si continuaron vinculados con la actividad? ¿Qué medidas se adoptaron a partir de la presentación original? ¿Existe una explicación judicial sobre la relación entre aquella denuncia y la estructura desbaratada recientemente?
Son preguntas relevantes porque el expediente de 2021 no describía una situación menor. Hablaba de una presunta organización, de servicios médicos clandestinos y del uso de identificaciones profesionales que no corresponderían a quienes prestaban las atenciones.
La versión policial: una investigación iniciada en enero
En el informe policial difundido a los medios nacionales, el origen de las actuaciones aparece presentado desde otra perspectiva temporal.
Según ese documento, la investigación que desembocó en el último operativo se habría iniciado en enero del corriente año. Personal de la Dirección interviniente desarrolló tareas destinadas a identificar a los integrantes de una organización delictiva con base operativa en Florencio Varela, presuntamente dedicada a la atención domiciliaria y al traslado de pacientes hacia hospitales y centros especializados mediante prestaciones clandestinas.
El parte sostiene que, a partir de las tareas de campo y de las intervenciones telefónicas, se obtuvieron indicios de que los integrantes de la organización utilizaban camionetas ploteadas como ambulancias y parcialmente acondicionadas para esa función.
En esos vehículos, presuntamente, trabajaban personas que cumplían tareas de choferes, enfermeros y médicos sin contar con las habilitaciones o matrículas correspondientes.
El informe también señala que los pacientes habrían sido captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas realizadas podrían haber agravado sus patologías. Se trata de hechos de particular gravedad que deberán ser acreditados en el marco de la investigación judicial.
Asimismo, los investigadores habrían detectado presuntos vínculos con una empresa radicada en Avellaneda, cuyos empleados derivarían servicios de atención y traslado a la organización investigada. El documento menciona a un referente de nacionalidad peruana, personas de distintas nacionalidades que presuntamente ejercerían ilegalmente la medicina y una contadora pública que estaría bajo investigación por su posible vinculación con las maniobras.
El posible desvío de fondos destinados a la salud
Uno de los aspectos más delicados del caso es la hipótesis de posibles maniobras fraudulentas sobre fondos destinados a prestaciones sanitarias, entre ellos los correspondientes al PAMI.
De acuerdo con el informe policial, los elementos reunidos fueron presentados ante la Justicia y el magistrado interviniente otorgó órdenes de detención contra personas señaladas como presuntos cabecillas y partícipes de los hechos.
La investigación deberá determinar si existieron prestaciones facturadas irregularmente, qué empresas o intermediarios habrían participado y si hubo fondos públicos o recursos destinados a la atención de pacientes comprometidos en las maniobras denunciadas.
La eventual participación de prestadores vinculados al  sistema de salud exige esclarecer cómo se contrataban los servicios, quiénes autorizaban las derivaciones, qué controles se realizaban y si las prestaciones efectivamente brindadas coincidían con las facturadas.
Por el momento, estas cuestiones forman parte de las hipótesis investigativas y no deben presentarse como responsabilidades definitivamente probadas.
Cinco años bajo una misma sombra
La diferencia entre la denuncia de noviembre de 2021 y el informe policial que sitúa el inicio de las tareas investigativas en enero de este año constituye uno de los puntos centrales de esta reconstrucción periodística.
Si la presentación original ya describía una empresa de traslados médicos, una presunta estructura de ambulancias irregulares, el uso de matrículas profesionales y domicilios concretos en Villa Vatteone, resulta necesario conocer qué actuaciones judiciales se realizaron durante los años posteriores y cómo evolucionó el expediente.
La existencia de una denuncia no significa que los hechos hayan quedado automáticamente probados ni que las autoridades contaran desde el primer momento con elementos suficientes para disponer detenciones. Las investigaciones pueden requerir peritajes, testimonios, análisis de documentación y otras medidas probatorias.
Sin embargo, la coincidencia entre aspectos centrales de aquella presentación y la modalidad descripta en el reciente operativo justifica que se informe con claridad sobre la continuidad de las actuaciones.
¿La organización siguió operando durante esos años? ¿Se trata exactamente de la misma estructura denunciada en 2021 o de una organización que presenta características similares? ¿Qué medidas se adoptaron sobre los domicilios y las personas mencionadas en la denuncia inicial?
Hasta contar con respuestas documentadas, no corresponde afirmar que el negocio ilegal funcionó ininterrumpidamente durante cinco años. Sí puede sostenerse que existen antecedentes documentales de una denuncia que describía presuntas irregularidades similares y que esa conexión temporal merece ser esclarecida.
El informe policial sobre el último procedimiento señala que los allanamientos arrojaron resultados considerados altamente positivos por los investigadores. Se informó el secuestro de elementos de interés para la causa y la detención de personas identificadas como principales investigadas.
También se indicó que las tareas de campo y las intervenciones telefónicas habían aportado indicios sobre la posible presencia de estupefacientes para consumo personal, armas de fuego y herramientas que serían utilizadas para cortar automotores en determinados domicilios. Esos hallazgos fueron contemplados en la planificación del operativo, según el parte.
El desafío judicial será establecer no solamente quiénes habrían integrado la estructura, sino también cómo funcionaba, durante cuánto tiempo operó, qué pacientes fueron atendidos, qué daños pudieron haberse producido y qué responsabilidades les corresponden a los distintos actores.
El Diario Varelense accedió a los datos de la denuncia original y reconstruyó un antecedente que permite ampliar la mirada sobre el caso: en noviembre de 2021 ya se había puesto en conocimiento de la Justicia una presunta operatoria de características similares en el mismo sector de Villa Vatteone.