Padres, madres y familiares de niños y adultos con discapacidad se manifestaron por los aumentos en la salud, en tanto que los profesionales no cobran desde enero lo que las prestadoras deben abonarles por los servicios.El Ministerio de Economía descartó un recorte presupuestario en el área de Discapacidad.

Esta situación perjudicó directamente a las personas con discapacidad, sus familiares y los profesionales que abordan y tratan sus patologías, ya que se produjo una cadena partiendo de la inflación, continuando por la falta de pagos por parte de las prestadoras de servicios, y recayendo el problema sobre los acompañantes directos de los pacientes que no tienen el dinero para solventar los gastos caros que conllevan los tratamientos pertinentes. Estas atenciones médicas, según indican los profesionales de la salud, se prestaron en el mes de mayo y, aún hoy, no se registró ningún pago, siendo que ya presentaron la factura a la obra social para que la misma reclame los fondos a la Superintendencia de Salud, que recibe la orden para poder pagarle luego a la mutual y, por consiguiente, al médico.

yo no fui

El Ministerio de Economía descartó ayer martes un recorte presupuestario en el área de Discapacidad y aseguró que son las jurisdicciones las responsables del pago a las prestadoras de salud.
«Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas», comunicó la cartera a cargo de Sergio Massa a través de sus redes sociales.
«Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso», aclaró.
En los últimos días, terapeutas de todo el país elevaron la voz debido a que aseguraron que no recibieron el pago por la atención a personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, distintas organizaciones y transportistas se sumaron al reclamo y mantienen un acampe en la Plaza de Mayo.
En contacto con los medios periodísticos, señalaron que estarán frente a la Casa Rosada hasta el miércoles, cuando esperan recibir una respuesta concreta sobre el caso.
En tanto que un grupo dejó por un momento la plaza para dirigirse a la Superintendencia de Salud para elevar el reclamo a Provincia y Nación.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, se refirió al acampe y aseguró que «el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional».
«Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días», indicó Galarraga a través de un comunicado.
«El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias y por eso desde el Gobierno nacional queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy», agregó.
En tanto que en otro texto perteneciente a la entidad, éste remarcó: «Constantemente se están analizando distintas alternativas con el finde sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad y eso incluye a TODOS los financiadores del sistema. No excluye a ninguno y menos a las Obras Sociales, con quienes las personas con discapacidad y sus familias tienen un largo y exitoso camino recorrido».

El pedido de Juntos por el Cambio

Ante esa situación, diputados de Juntos por el Cambio instaron al Gobierno Nacional a que informe al Congreso sobre el ajuste en las prestaciones por servicios de salud para personas con discapacidad.
A su vez, solicitaron que el Ejecutivo informe el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos a junio 2022.
«Según la Ley 24.901 las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones», explicaron Ricardo Buryaile y Soledad Carrizo, que encabezan el pedido.

«El ajuste en discapacidad provocó la suspensión de tratamientos. Personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales ven impedida su participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás», remarcaron.