(Télam) Diecinueve policías que eran juzgados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el joven bonaerense de 22 años que estuvo detenido en una comisaría de Rosario y cuyo cadáver fue encontrado tres semanas después en el Río Paraná, en octubre del 2014, fueron absueltos este martes por un tribunal federal tras un juicio que había comenzado hace un año y medio y en el cual declararon más de 200 testigos.
El fallo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 (TOFC) de Rosario fue por mayoría y generó un fuerte repudiado por parte de Ramón Casco, el padre de la víctima, quien denunció que «no hay justicia en este país» y que «a Franco lo mató la policía, esa es la verdad».
Miembros de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario y otros militantes acompañaron este martes en la sede de los Tribunales Federales de Rosario a la familia de Casco, durante la lectura del veredicto del juicio oral que se inició en diciembre de 2021.
El fallo mayoritario, que dictó las absoluciones de todos los involucrados, fue firmado por los jueces Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, quienes además ordenaron la libertad de los procesados que cumplían prisión preventiva, indicaron fuentes judiciales
La sentencia del tribunal, en voto dividido, dictó la absolución a los 19 policías que llegaron al juicio oral por el crimen de Franco Casco, a pesar de que la fiscalía había solicitado en su alegato condenas para 14 de ellos.
El voto en disidencia del presidente del tribunal, Otmar Paulucci, se inclinó por la condena a prisión perpetua de tres policías por la desaparición forzada seguida de muerte de Casco, y de encubrimiento de otro grupo de miembros de la fuerza de seguridad.
Uno de los abogados querellantes por la familia Casco, Salvador Vera, dijo a Télam que evaluarán la apelación de la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos, el 25 de septiembre próximo.
También la fiscalía que participó del debate oral, a cargo de Fernando Arrigo, adelantó que apelará el fallo. “Vamos a hacer lo que sea necesario para que haya justicia, a Franco se lo llevaron detenido, lo verduguearon, lo cagaron a palos hasta matarlo, lo tiraron al río, lo desparecieron y queremos que se haga justicia”, dijo afuera de Tribunales, entre llantos y con inocultable bronca, una miembro del a Multisectorial Contra la Violencia Institucional.
Casco se lamentó por la «falta de Justicia» en el país, aunque prometió “seguir luchando” por su hijo fallecido.

De acuerdo a la investigación, a fines de septiembre de 2014 Franco Casco había arribado en tren desde Florencio Varela a Rosario para visitar a unos familiares. El 6 de octubre se disponía a regresar a su domicilio, pero nunca llegó y sus parientes comenzaron a buscarlo.
Según la versión policial, un vecino llamó al celular del comisario de la seccional 7ma.de Rosario, Diego Álvarez, para alertarlo sobre un joven en «actitud sospechosa», que fue demorado en la comisaría.
Los familiares de Franco lo buscaron en esa seccional pero, aparentemente por haber sido ingresado con el apellido materno, le dijeron que no había estado allí. Los policías involucrados admitieron luego ante la Justicia que, sí lo habían detenido, pero que tras solicitarle los datos personales, el joven fue liberado.
Para el fiscal del caso, Fernando Arrigo, fundado en la autopsia y en las testimoniales de personas que la noche del 6 de octubre de 2014 estaban detenidos en la seccional 7ma, Casco fue golpeado, torturado y asesinado, y su cuerpo arrojado al río Paraná, por lo que se trató de un caso de violencia institucional. Tras tres semanas de búsqueda, el cadáver del joven apareció flotando en el río.
En el alegato final del juicio oral, Arrigo pidió prisión perpetua para el comisario Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, por desaparición forzada de persona, agravada por la muerte de la víctima e imposición de torturas seguida de muerte.
Por esos delitos y en calidad de “coautores”, solicitó igual pena para el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha; el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner; Marcelo Alberto Guerrero; Guillermo Hernán Gysel; Rocío Guadalupe Hernández; Esteban Daniel Silva; Romina Anahí Díaz; Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli.
A la vez, el fiscal pidió 14 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Murua, a quienes consideró «partícipes secundarios» de la desaparición forzada.
Y solicitó 5 años y 10 meses de prisión para dos efectivos de Asuntos Internos, Pablo Síscaro y Daniel Escobar; al tiempo que solicitó la absolución del agente Walter Ortiz.