La incertidumbre laboral se convirtió en un conflicto abierto en una fábrica de Florencio Varela. Un total de 44 trabajadores de Chimagro S.A., empresa perteneciente al Grupo Surcos, mantienen paralizada la producción y permanecen en estado de alerta frente a lo que consideran un posible proceso de vaciamiento de las instalaciones,

El escenario es cada vez más preocupante. A los atrasos salariales, que desde hace cuatro meses se vienen resolviendo mediante pagos parciales, se suman las denuncias por falta de depósitos de aportes a la obra social, al sindicato y al sistema jubilatorio, pese a que esos importes continúan figurando como descuentos en los recibos de sueldo.
La decisión de detener completamente la actividad llegó después de que los trabajadores dejaran de recibir respuestas concretas sobre el pago de la última quincena. Hasta entonces, la planta funcionaba apenas entre dos y tres días por semana, con una producción estimada de entre 20.000 y 30.000 litros diarios.
«Cuando pagaban, trabajábamos. Pero desde la semana pasada estamos paralizados porque el atraso es mucho y no hay intención de pagar», explicó Mariano Ayunta, delegado de los trabajadores, en declaraciones al medio Bichos de Campo.
EL CONFLICTO SE PROFUNDIZA EN UNA EMPRESA ESTRATÉGICA
Chimagro fue adquirida por el Grupo Surcos hace más de diez años y constituye una unidad importante dentro de su estructura industrial. La fábrica varelense está dedicada principalmente a la elaboración de herbicidas, buena parte de cuya producción se destina a mercados internacionales como Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Sin embargo, el deterioro financiero del grupo comenzó a repercutir directamente sobre sus establecimientos productivos.
Según los trabajadores, hasta noviembre de 2024 la actividad era intensa, con jornadas laborales que incluían sábados, domingos y feriados. «Veníamos trabajando muy bien y de un día para el otro se cortó», recordó Ayunta.
Desde entonces, la producción comenzó a reducirse progresivamente y la situación económica de los empleados se volvió cada vez más delicada.
El último aguinaldo, por ejemplo, fue dividido en seis pagos, mientras que los salarios comenzaron a abonarse en cuotas. Una situación que los operarios aceptaron inicialmente bajo el compromiso de que se trataba de una dificultad transitoria.
«Aceptamos una suspensión por falta de trabajo con la promesa de que se iba a solucionar todo. Por el contrario, empezó a empeorar», señalaron desde la planta.
TEMOR A UN VACIAMIENTO Y CAMIONEROS BAJO PRESIÓN
Uno de los episodios que más preocupación generó entre los trabajadores fue la denuncia sobre supuestas maniobras para retirar materia prima de las instalaciones durante la noche.
De acuerdo con el testimonio del delegado, habrían existido presiones sobre camioneros para que ingresaran a buscar los insumos cuando no hubiera personal en la fábrica.
La sospecha encendió las alarmas. Los 44 empleados resolvieron permanecer en el establecimiento para evitar que se retiren los elementos necesarios para la producción y preservar los bienes de la planta.
«Nos enteramos de que estuvieron amenazando a los camioneros para que vinieran a buscar la materia prima de noche, cuando no hay nadie en planta, para que se lleven lo poco que hay», denunció Ayunta.
Los operarios consideran que el retiro de materiales, en medio de una actividad prácticamente paralizada y sin interlocutores empresariales, profundizaría todavía más la incertidumbre sobre la continuidad laboral.
OFRECEN RETIROS VOLUNTARIOS CON IMPORTANTES REBAJAS
El conflicto también llegó a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense, con participación de representantes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) de Avellaneda.
En esas instancias comenzó a plantearse la posibilidad de avanzar con retiros voluntarios.
Según trascendió, la propuesta empresarial contempla el pago del 50% de las indemnizaciones, con un esquema de cancelación en un mínimo de diez cuotas.
La oferta provocó preocupación entre los trabajadores, especialmente por la antigüedad de buena parte del personal. Más de la mitad de los 44 operarios tendría alrededor de 30 años de trayectoria en la fábrica.
Los empleados cuestionan, además, la intervención de un asesor externo enviado a negociar las desvinculaciones. Según relataron, el representante empresarial habría llegado ofreciendo supuestas «ofertas irresistibles», sin siquiera conocer particularidades básicas del régimen salarial de los trabajadores, como el pago quincenal.
Para los operarios, el objetivo sería debilitar la organización colectiva y conseguir que parte del personal abandone la empresa en condiciones económicas desfavorables.
«Quieren sacarnos beneficios y fuerza colectiva. Quieren apretar a la gente para que se vaya con la menor cantidad de plata posible y seguir trabajando», sostuvo el delegado.
UNA CRISIS DE MÁS DE 70 MILLONES DE DÓLARES
El conflicto de Florencio Varela no es un episodio aislado. El Grupo Surcos atraviesa desde fines de 2024 una profunda crisis financiera, que también repercute sobre su establecimiento de Recreo, en la provincia de Santa Fe, donde se concentra la producción de insecticidas y se registraron medidas de fuerza de los trabajadores.
La compañía quedó comprometida financieramente luego de un incumplimiento de una obligación de 500.000 dólares que la llevó al default y posteriormente ingresó en un proceso de negociación judicial de sus pasivos.
En ese marco, la Justicia santafesina otorgó una nueva prórroga de 90 días hábiles para que la firma pueda negociar sus deudas concursales, que superarían los 70 millones de dólares. El nuevo plazo establecido vence el 8 de abril de 2027.
Desde Chimagro cuestionan que mientras la empresa obtiene sucesivas extensiones judiciales para ordenar sus compromisos financieros, los trabajadores son quienes soportan las consecuencias de la crisis.
«Con las prórrogas que obtienen ellos van dilatando el tema y, mientras tanto, especulan con nosotros. Somos los castigados», expresaron.
SIN RESPUESTAS Y CON 44 FAMILIAS EN VILO
Otro dato que profundiza la preocupación es el progresivo retiro de personal administrativo y de Recursos Humanos. Según los trabajadores, ya no encuentran interlocutores dentro de la estructura empresarial y las comunicaciones se limitan prácticamente a mensajes de WhatsApp, sin explicaciones sobre el futuro de la planta.
Por el momento, la empresa no se encuentra declarada en quiebra y continúa formalmente operativa, aunque con una fuerte reducción de su facturación y de su actividad industrial.
Los trabajadores sostienen que Chimagro sigue siendo una unidad estratégica para el grupo, pero advierten que la falta de pagos, la ausencia de diálogo y las propuestas de desvinculación generan un escenario de extrema vulnerabilidad.
Mientras continúan las audiencias ante las autoridades laborales, los operarios aseguran que seguirán concurriendo diariamente a la fábrica y mantendrán la maquinaria detenida hasta obtener respuestas concretas.
«Hasta ahora intentamos que esto se solucione de la mejor manera, poniendo el hombro siempre nosotros, pero de parte de la empresa no dan señales de que esto tenga una salida. Lejos de dialogar, se quieren llevar lo poco que hay y hasta ahora no vemos intención de solucionar nada», manifestaron.
En Florencio Varela, 44 trabajadores esperan una respuesta que no llega. Detrás del conflicto de Chimagro hay décadas de antigüedad, familias que dependen de esos salarios y una fábrica cuya continuidad productiva hoy está seriamente comprometida.