El acceso gratuito a los medicamentos atraviesa un fuerte retroceso en Argentina. Así lo sostiene un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza los cambios implementados por el Gobierno nacional en los programas Remediar y PAMI y advierte sobre sus consecuencias sanitarias y económicas.
Uno de los datos más preocupantes corresponde al programa Remediar, creado en 2002 para garantizar medicamentos esenciales a las personas que dependen del sistema público de salud. Según el relevamiento, la iniciativa llegó a abastecer aproximadamente 8.100 centros de atención primaria y tenía una cobertura potencial de 19 millones de personas.
Sin embargo, el 15 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud dispuso reemplazar el listado de 128 medicamentos esenciales por una nómina de apenas seis principios activos, todos destinados a tratamientos cardiovasculares.
La nueva lista incluye ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Quedaron excluidos medicamentos utilizados para tratar diabetes, hipotiroidismo, asma, infecciones, anemia y otras enfermedades, además de distintos anticonceptivos.
Menos medicamentos y menos centros de atención
El informe señala que la reducción no comenzó con la última resolución, sino que fue progresiva desde 2024.
Los botiquines de Remediar pasaron de contener alrededor de 75 productos en 2024 a unos 30 durante el primer semestre de 2026. Desde julio, la cantidad se redujo a aproximadamente 22 o 23.
También disminuyó la cantidad de establecimientos abastecidos: de unos 8.100 centros se pasó a 4.131 en la última entrega de 2025 y 4.202 en la primera de 2026.
Otro indicador es la cantidad de tratamientos dispensados, que cayó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción del 62%.
A esto se suma que el presupuesto de Remediar para 2026, de $36.054 millones, representa una caída real del 72% respecto de lo ejecutado en 2023, según CEPA.
El impacto en las familias
La reducción afecta especialmente a quienes no cuentan con obra social ni medicina prepaga y dependen de los centros de salud públicos.
Entre los sectores perjudicados aparecen niños que necesitan antibióticos, embarazadas que requieren hierro y ácido fólico, personas con enfermedades crónicas y mujeres que accedían gratuitamente a anticonceptivos.
El informe también advierte que la falta de medicamentos en los centros de atención primaria podría trasladar más consultas hacia hospitales de mayor complejidad y obligar a las familias a comprar con recursos propios tratamientos que antes recibían gratuitamente.
En paralelo, el Gobierno nacional sostiene que la atención primaria es responsabilidad de las provincias. Para CEPA, esta situación traslada parte del costo a los gobiernos provinciales y municipales, generando diferencias según la capacidad económica de cada jurisdicción.
PAMI: medicamentos cada vez más caros para los jubilados
El relevamiento también analiza la situación del PAMI, que brinda cobertura a más de 5,3 millones de personas.
De acuerdo con el informe, el listado de medicamentos cubiertos pasó de casi 3.000 productos a aproximadamente 2.000.
El deterioro también se refleja en los precios. Desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2026, los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron alrededor del 404% en sus precios de venta al público. Sin embargo, los valores que deben afrontar los afiliados con cobertura PAMI se incrementaron cerca del 638%.
Algunos medicamentos registraron subas todavía mayores: Micardis, utilizado para la hipertensión, aumentó un 850%; Optamox, un antibiótico, un 844%; y Atlansil, indicado para problemas cardíacos, un 600%.
El contraste con los ingresos jubilatorios resulta significativo: mientras los medicamentos con cobertura aumentaron un 638%, la jubilación mínima con bono registró una suba aproximada del 306% en el mismo período.
CEPA estima que el ahorro mensual que representaba la cobertura gratuita de medicamentos, calculado en unos $84.988 en diciembre de 2024, equivale actualmente a aproximadamente $138.500, alrededor del 27% de una jubilación mínima con bono.
La advertencia sanitaria
El documento también incorpora indicadores de mortalidad y dificultades para acceder a la atención médica.
Según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud nacional citadas por CEPA, entre 2023 y 2024 las muertes de personas mayores de 60 años aumentaron un 16% por neumonía e influenza, un 7% por diabetes y un 6% por enfermedades cardiovasculares.
Por otra parte, el informe menciona que la mortalidad por EPOC, que venía registrando una tendencia descendente entre 2015 y 2023, aumentó un 7,2% durante 2024.
También recoge un relevamiento de la UCA y la Sociedad de Gerontología y Geriatría según el cual el 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar consultas médicas o medicamentos por motivos económicos durante 2025.
Un ajuste que se profundiza
Finalmente, CEPA vincula los recortes en Remediar y PAMI con una reducción más amplia del presupuesto nacional destinado a salud. El informe menciona que en mayo de 2026 se recortaron más de $63.000 millones del Ministerio de Salud mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
La conclusión del relevamiento es que el ajuste se implementó por etapas: primero se redujeron los medicamentos y las cantidades distribuidas, luego los centros y beneficiarios alcanzados y, finalmente, se formalizaron los cambios mediante resoluciones.
El resultado, advierte el centro de estudios, es un mayor gasto de bolsillo para las familias, más dificultades para los jubilados y una creciente responsabilidad económica para las provincias.
La discusión ya no se limita a cuánto gasta el Estado nacional en medicamentos, sino a quién termina pagando los tratamientos cuando dejan de estar garantizados gratuitamente. Para millones de argentinos que dependen del sistema público, esa diferencia puede determinar si continúan o interrumpen sus tratamientos.