Para convencer a la opinión pública de las bondades del proyecto de Reforma Laboral, legisladores oficialistas y aliados, economistas y periodistas afines al Gobierno Nacional, invocan múltiples y variados argumentos más políticos y propagandísticos que realistas y jurídicos.
Uno de los preferidos es la necesidad de terminar con la «industria del juicio»: una especie de organización de estudios jurídicos dedicada a inventar juicios laborales infundados, en perjuicio de empresarios honestos e indefensos.
Semejante argumento nos impone reflexionar, sobre la situación real de millones de trabajadores y las razones de la gran mayoría de los juicios laborales.
Es un hecho objetivo e indiscutible que en nuestro país el 45% de los trabajadores en relación de dependencia están «en negro», sea porque no están registrados o porque lo están bajo formas que encubren el vínculo laboral.
Ese enorme universo de unos 9 millones de trabajadores no cobra los salarios de convenio, tampoco aguinaldos, vacaciones, adicionales, horas extras, no tiene aportes jubilatorios y carece de los servicios de una obra social.
Ante esta realidad incontrastable cabe preguntarse: ¿de qué medio disponen para hacer valer sus derechos laborales, jubilatorios y asistenciales que no sea la de recurrir a un juicio laboral por intermedio de un abogado?
Además, dentro del otro universo -el de los trabajadores registrados- la realidad nos muestra que son cientos de miles los que trabajan jornada completa pero figuran con media jornada, los que están registrados con una categoría menor a la que les corresponde, y los que están encuadrados en un Convenio Colectivo distinto para liquidarle haberes menores o no pagarle adicionales.
A esos hay que sumarle los miles y miles de empleados registrados que cobran «en negro» las horas extras o parte de sus remuneraciones.
Todos esos trabajadores se ven privados de cobrar las remuneraciones completas a las que tienen derecho o perciben una parte «en negro», sufriendo evidentes perjuicios económicos, tanto en sus haberes como en orden a sus futuros beneficios jubilatorios, en sus aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones.
Por ende, resulta oportuno el mismo cuestionamiento: ¿de qué otro recurso disponen para que se le reconozcan sus derechos laborales y previsionales que no sea la de iniciar un reclamo laboral asistido por un abogado?.
Un análisis serio de esta problemática, dejando de lado argumentaciones falaces y meramente propagandísticas, nos indica que la única forma de terminar con la supuesta industria del juicio es la de terminar con el trabajo no registrado, con las registraciones fraudulentas y con los pagos en negro.
Por último, cabe puntualizar que es tan cierto que algunas normas laborales -ya derogadas- establecían protecciones exhorbitantes para los empleados no registrados, como que la ley de Bases y el actual proyecto de Reforma Laboral son claramente desfavorables para los trabajadores, con un fuerte sesgo en beneficio de las grandes corporaciones empresarias.
DARDO H. OTTONELLO
