La decisión fue tomada por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la investigación de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez
El juez federal de Morón Jorge Rodríguez definió el rol de los últimos tres detenidos por su presunta vinculación en los homicidios de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en el fondo de una casa de Florencio Varela en septiembre pasado.
Se trata de Mónica Mujica, de 37 años; Joseph Cubas Zavaleta, de 31 y apodado Señor J, y Bernabé Jesús Mallon, de 42. Los tres fueron procesados por el citado magistrado por de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada reiterada, y homicidio agravado reiterado.
“Las víctimas fueron sometidas a violencias físicas extremas, mediante golpes de puño, patadas y la utilización de elementos corto -punzantes, provocándoles lesiones gravísimas. El padecimiento infligido no fue instantáneo ni necesario para causar la muerte, sino que implicó un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento, extremo que permite tener por configurado el ensañamiento.- Finalmente, producida la muerte de las víctimas, sus cuerpos fueron ocultados mediante inhumación clandestina, y se procedió a la eliminación de rastros y al descarte de los vehículos utilizados, todo lo cual evidencia una conducta orientada a asegurar la impunidad del hecho”, sostuvo el juez Rodríguez al fundamentar su resolución, según dieran cuenta el Diario La Nación.
En un primer momento, la investigación de los homicidios de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15, se tramitó en la Justicia de la provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo del fiscal de La Matanza Adrián Arribas, con la colaboración de sus colegas Claudio Fornaro y Diego Rulli e intervenía el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara.
Antes de que la causa pasara al fuero federal, los fiscales Arribas, Fornaro y Rulli sostuvieron: “Respecto a las características del hecho, se desprende el alto grado de agresividad demostrado por parte de los encausados, quienes no conformes con llevar a cabo la sustracción en estudio, mutilaron salvajemente a las víctimas hasta conducirlas al inevitable desenlace fatal, lo que demuestra a las claras su total desprecio por la vida humana en su máxima expresión”.
Las afirmaciones habían sido expresas en un dictamen de 227 páginas donde fundamentaron el pedido de prisión preventiva para los primeros ocho detenidos que tuvo la causa: Celeste González Guerrero, de 28 años; Milagros Florencia Ibañez, de 20; Iara Daniela Ibarra, de 19; Matías Agustín Ozorio, de 28; Maximiliano Parra, de 18; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25; Víctor Sotacuro Lázaro, de 41, y Ariel Jiménez, de 29.
Además de la prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público le solicitaron al magistrado que decline su competencia en favor del fuero federal “en razón a que en el caso en estudio debe prevalecer el aspecto destinado a propender una persecución penal estratégica y que tal como veremos, la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la ley 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multiterritoriales”.
