Ahora el caso se trasladó del terreno mediático al judicial y abrió un frente de consecuencias aún imprevisibles para el Gobierno de Javier Milei.

(NA) La crisis política en torno al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la entrega de los audios de la polémica al fiscal federal Franco Picardi, lo que trasladó el caso del terreno mediático al judicial y abrió un frente de consecuencias aún imprevisibles para el Gobierno de Javier Milei.
Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo en la red social X, Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la Fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista. En esos audios, el ex funcionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.
De acuerdo con Carrizo, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”, lo que elevó el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.
A las revelaciones se sumó la periodista Romina Manguel, quien señaló en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.
Spagnuolo, se presentó ayer jueves ante la Justicia y designó al abogado Ignacio Rada Schultze para su defensa, en el marco de la investigación por el supuesto pago de sobornos en el organismo que él dirigía. Esta acción marca un paso crucial en la causa que se originó a raíz de audios donde el mismo ex funcionario habría detallado un esquema de corrupción.
La presentación de Spagnuolo, quien fuera también abogado del presidente Javier Milei, ocurre en un momento clave, mientras el Gobierno aún evalúa cómo proceder con una denuncia que podría apuntar directamente contra él. Fuentes oficiales indicaron que la denuncia podría ser presentada por los involucrados directos o a través de la Procuración del Tesoro.
Una preocupación en Casa Rosada era la posibilidad de que Spagnuolo se acogiera a la figura del “imputado colaborador” o “arrepentido”. Para ello, debe aportar información de relevancia y veracidad absoluta sobre personas de mayor jerarquía que él, y el acuerdo debe ser homologado por el juez
Con este escenario, el escándalo que en principio parecía circunscripto a una disputa política y mediática quedó instalado en los tribunales, con derivaciones que todavía resultan inciertas para el oficialismo.